La parte penal del caso Banco Popular que gestiona el juez José Luis Calama, en la Audiencia Nacional, ha dado un giro todavía más esperpéntico. Recuerden lo que ya informamos en Hispanidad sobre la larguísima instrucción del juez Calama (va para cinco años), quien parece estar esperando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sustancie la parte central de la intervención del Popular por parte de la JUR de Elke König. Si es así, puede estar tranquilo: perro no muerde perro y el Tribunal Europeo no condenará a un organismo dependiente de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo. 

Pero es que además, ahora, la investigación penal en Madrid ha dado un giro esperpéntico. Como ya conocen los lectores de Hispanidad, Emilio Saracho, presidente durante seis meses (por los que cobró 5 millones de euros) contrató al bufete de abogados Uria Menéndez, conocido como el despacho de abogados del Banco Santander. 

Ángel Ron quiere saber qué papel jugaba Uría y Menéndez y para quién trabajaba en realidad, dado que, los chicos del bufete mercantil más famoso de España convencieron a los consejeros del Popular de que, por problemas de liquidez, debían declarar la inviabilidad de la entidad. Alguien preguntó si esa inviabilidad era el preámbulo de la resolución del banco. Naturalmente, los chicos de Uria perjuraron que no y que el banco no estaba llamado a la liquidación ni a la absorción por otra entidad. En un cortísimo espacio de tiempo, la noche del 6 al 7 de junio de 2017, la JUR regaló el Popular al Santander por 1 euro. 

Para entendernos, esto significa dos cosas: 

-La primera, que Emilio Saracho no llegó al Popular para reflotarlo, sino para venderlo, en concreto, al Santander. De hecho, nada más llegar pronunció su famosa frase: "No tengo ni puta idea de cómo se gestiona este puto banco".

-La segunda conclusión no es menos relevante: no había razón alguna para intervenir el Popular, que era un banco perfectamente viable. Lo que ocurre es que se utilizó la entidad española, defendida por un gobierno débil, como era el de Mariano Rajoy y Luis de Guindos, para hacer unas maniobras con fuego real, del todavía hoy inconcluso modelo europeo de resolución de bancos. De hecho, la JUR volvió a intentarlo con el Monte dei Paschi di Siena y los italianos, que no forman una sociedad débil, mandaron a paseo a Bruselas y aseguraron que ya se encargaban ellos del saneamiento.

¿Y por qué todo esto? Pues muy sencillo: si el TJUE decide que no había razón para intervenir el Popular, alguien, sea la Unión Europea o sea el Santander, tendría que pagarle a accionistas y bonistas del Popular la bonita cantidad de 11.000 millones de euros, que es la cifra en la que los peritos del Banco de España valoraron la entidad. En otras palabras, que de quebrado, nada. 

Pero no deja de ser curioso que la Fiscalía y el propio juez de la Audiencia Nacional aseguren que no están investigando la resolución del banco. Entonces, ¿qué puñetas están investigando?