En el pulso entre las eléctricas y Teresa Ribera, en el que se llegó a postular su relevo por su inexperiencia empresarial y Moncloa respondió utilizando ‘El País’, parece que se han calmado un poco las aguas tras las reuniones que ha tenido con los principales responsables de Endesa, Acciona, Naturgy (empresa que también es noticia por el resultado de la opa de IFM) e Iberdrola. Claro que en el Pleno del Congreso de este jueves, donde se ha debatido el famoso decretazo, la vicepresidenta ecológica ha descubierto la interiorización del beneficio… y ha cedido a medias, pues aunque se ha abierto a hacer modificaciones, estas serán posteriores.

Suponemos que Ribera se habrá querido referir a que el decretazo no se aplica a los casos en los que no se haya interiorizado en sus ventas de energía el sobrecoste del gas natural, ni a quien “haya garantizado precios estables antes de la escalada”. Por ahora, mantiene la detracción de ingresos que afecta a hidráulica, nuclear y algunas renovables… para contentar a Unidas Podemos, aunque hará cambios ante las quejas que ha recibido de la industria y del PNV. Desde hace una semana, se sabía que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico moficaría dicho decretazo, pero no se trata de una gran rectificación, porque no logrará bajar el elevado precio de la luz (el viernes alcanzará su segundo récord histórico -por ahora- situándose en 231,82 euros/MWh. 

Este jueves, el Círculo de Empresarios ha pedido reconsiderar el decretazo y ha mostrado su preocupación por los negativos efectos que su aplicación tendría para ciudadanos y empresas. Y es que considera que para solucionar un problema relacionado con la tarifa regulada, que preocupa a la mayoría de los ciudadanos aunque solo afecte a una pequeña parte del mercado eléctrico, el Gobierno ha adoptado una solución que encarecerá, aún más, el coste energético para el  resto. Asimismo, advierte que tendría una grave repercusión sobre la seguridad jurídica que dañará la imagen de España como destino de inversión extranjera, algo imprescindible para la modernización de nuestro sector y la transición energética. Por todo ello, el Círculo ha señalado que el Gobierno y el Parlamento deberían reconsiderar el decretazo y encontrar una solución alternativa estableciendo una nueva normativa para la tarifa regulada, como han hecho otros países europeos, que salvaguarde los  intereses  de los  más  desfavorecidos  sin  perjudicar los  intereses  de  las  empresas  y  del  resto de  los  ciudadanos.