Asistimos a un nuevo capítulo de la demagogia de los impuestos finalistas por parte del Gobierno, aunque no se sabe si bajará el IVA, subirá Sociedades… o creará uno especial. La duda no se resolverá hasta dentro de unos días, probablemente en el Consejo de Ministros extraordinario que celebrará el próximo sábado 25. Pero de momento ya ha habido daño bursátil: Naturgy (-3,08%), Endesa (-2,90%), Acciona (-2,80%, al que suma el disgusto de Nordex y la caída del 2,15% de Acciona Energía) e Iberdrola (-2,72%) han pagado el pato en bolsa.

En concreto, han bajado algo más de un 3% o casi esta cifra, siendo los peores valores del Ibex (que también se ha teñido de rojo, con un descenso del 0,61%) de este martes y dejándose casi 3.700 millones de euros, mientras que Repsol ha subido un 2,07%. Así ha sido la reacción del mercado -y por tanto de los inversores- ante las declaraciones de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús (Marisu) Montero, anunciando un recargo fiscal a las eléctricas para 2023. Es cierto que no ha dado demasiadas pistas, pero ha discrepado con la vicepresidenta segunda y titular de Empleo, la chulísima Yolanda Díaz, que el pasado lunes ofrecía en un hilo de Twitter, como: aumentar 10 puntos el tipo de sociedades a las empresas energéticas para recaudar entre 1.500 y 2.000 millones de euros, así como un cheque de 300 euros para las familias más afectadas por la crisis o reducir un 50% el abono transporte.

Vayamos por partes. Marisu Montero ha referido que están revisando las medidas económicas para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania (las cuales anunció Pedro Sánchez el pasado 28 de marzo y un día después se aprobaron en Consejo de Ministros) y aunque las prorrogarán más allá del 30 de junio, será “ajustándolas”. También ha señalado que con el otro partido del Gobierno -Unidas Podemos- están “de acuerdo en contenido y objetivo” y “compartimos la protección de los vulnerables”, pero le ha hecho un llamamiento: “que los debates se produzcan al interior del Gobierno”. Además, ha respondido a Díaz señalando que “a veces el impuesto de Sociedades no es el que aporta mayor rendimiento”. Eso sí, ha subrayado que “es de justicia que las eléctricas paguen una mayor parte” y “financien en parte las medidas que estamos poniendo en marcha”, aunque “la fiscalidad no siempre se puede regular con decreto-ley o Presupuestos”. Y para el recargo fiscal, vuelve a usar el argumento de los “beneficios desorbitados” de las eléctricas…, pues entonces deberían poner en marcha la propuesta de Naturgy de que cada energía se cobre en el mercado mayorista (pool) según su coste real. 

Conviene recordar que cuando el Gobierno sube el impuesto de Sociedades perjudica a la empresa y a los accionistas, mientras que cuando aumenta el IVA castiga a consumidores y contribuyentes y se recauda más. En el caso de la electricidad, Marisu Montero ha recordado que ya han reducido su fiscalidad (rebajaron el IVA del 21% al 10%, suspendieron el impuesto del 7% a la generación eléctrica y redujeron al mínimo del Impuesto Especial sobre la Electricidad -IEE-), lo que ha tenido un coste para las arcas públicas de entre 10.000 y 11.000 millones. Colocar un nuevo impuesto especial no tiene sentido, pero optar por subir el impuesto de Sociedades y mantener la rebaja del IVA sí tendría algo más de sentido: es verdad que sigue recaudando menos vía IVA, pero dejaría de ingresar algo por Sociedades, donde las cifras son mucho menos relevantes que en el anterior impuesto, por lo que las arcas públicas no lo notarían demasiado. Eso sí, no daría para los últimos inventos podemitas (como el abono transporte a diez euros que anunció Ione Belarra).

Marisu Montero tampoco ha dado muchas pistas sobre la bonificación de 20 céntimos en el precio de los carburantes. “Siempre me ha parecido importante apoyar a la clase media”, ha afirmado, por lo que parece que se prorrogará de forma generalizada y no en función de las rentas a partir del próximo 30 de junio.

Al hilo de la reacción del mercado, de la que Repsol se ha librado, conviene tener en cuenta que el sector petrolero se ve más influido por los mercados internacionales, la cotización de su materia prima y los precios de la gasolina y el diésel, así como la situación macroeconómica). Además, ya dio un paso adelante hace unos meses para ayudar a la población ante el contexto de inflación, ampliando la bonificación del Gobierno e incluso poniendo parte de esta las más grandes (Repsol, Cepsa y BP) mientras Sánchez y compañía no tocó su fiscalidad: es decir, ni el IVA ni el Impuesto sobre los Hidrocarburos. Y por tanto, ha seguido engordando las arcas públicas cuando la gasolina y el diésel seguían disparando su precio, alcanzando nuevos récords y superando los 2 euros por litro.

Paralelamente, los sindicatos se han pronunciado sobre el recargo fiscal a las eléctricas. Desde UGT, Pepe Álvarez ha aludido a la “pura usura” de esas compañías y a que “la mejor y la única manera de devolver a los ciudadanos es por una tasa impositiva que haga el Gobierno”. Mientras que desde CCOO, Unai Sordo ha señalado que “prefiere esperar a ver la letra pequeña” antes de pronunciarse.