Nuevo capítulo del desastre de las ayudas gubernamentales, tras el ‘caso Iberia-Air Europa’, ahora el protagonista es otra aerolínea: Plus Ultra. Y es que no cumplía los requisitos para recibir el rescate de 53 millones de marzo que recibió del Gobierno el pasado 9 de marzo, según han señalado los peritos independientes en sede judicial.

Todo esto no extraña al tener en cuenta la polémica que surgió cuando se aprobó dicho rescate a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la SEPI, el cual estaba dotado con 10.000 millones y sólo ha repartido el 15% entre 12 compañías hasta ahora. Fueron muchos, partidos de la oposición incluidos, los que se preguntaron por qué Plus Ultra recibía 53 millones (un préstamo ordinario de 19 millones y otro préstamo participativo de 34 millones) y por qué se la consideraba estratégica, pero pocas, por no decir ninguna, fueron las respuestas convincentes.

Es más el asunto llegó al juzgado de Instrucción número 15 de Madrid: su titular, María de la Esperanza Collazos, abrió una investigación a 15 altos cargos del Gobierno por un presunto delito de malversación tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. En el caso se personaron PP y Vox como acusación popular, mientras que Cs lo denunció ante el Tribunal de Cuentas y ante la Comisión Europea alegando “irregularidades claras”, pues Plus Ultra usó un préstamo “simulado” para acceder al rescate. A finales de julio, la jueza Collazos ordenó suspender la entrega de los 34 millones que quedaban pendientes a la citada aerolínea y Cs pidió la cabeza de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús (Marisu) Montero. Sin embargo, unas semanas después, el magistrado sustituto de Collazos, Jaime Serret, desbloqueo la entrega de dicho dinero alegando que, por el momento, el impago era “un riesgo hipotético”, tras las alegaciones efectuadas por la aerolínea y un escrito de la Fiscalía de Madrid.

Ahora se ha producido el careo de los peritos en sede judicial y los independientes han destacado que Plus Ultra no cumplía los requisitos para recibir el rescate, a pesar de que tenía actividad, por: pleitos pendientes, deudas aplazadas, pérdidas económicas de ejercicios anteriores y haber recibido un préstamo participativo de 6,3 millones del banco panameño Panacorp en diciembre de 2017 “con vinculaciones personales con el régimen de Maduro”. Por su parte, los peritos que elaboraron el informe de Deloitte y Daiwa Corporate Advisor (DCA) para Plus Ultra y que avaló la SEPI, como es lógico, han defendído que sí cumplía los requisitos, “era viable y no estaba en crisis”. Mientras, la abogada de Vox, Marta Castro, ha subrayado que el plan de viabilidad de la aerolínea era “irreal” y que se adaptó “a indicación de la SEPI”. Además, conviene recordar que dicha aerolínea transportó 170.000 pasajeros antes de la pandemia, 45.000 en 2020 y 35.000 en 2021... y ¿con estas cifras se sigue defendiendo que es una empresa estratégica? Cuesta creerlo.