La Audiencia Nacional, concretamente el Juzgado Central de lo Penal, ha absuelto a la cúpula del Banco de Valencia, acusada de falsear las cuentas anuales de 2009 y 2010 con el objetivo de ocultar un déficit de provisiones de más de 20 millones de euros.

Entre los doce exdirectivos acusados estaba el expresidente José Luis Olivas, para el que la Fiscalía Anticorrupción había solicitado dos años de prisión, los mismos que para el auditor, Miguel Monferrer. Para el exCEO, Domingo Parra, solicitó dos años y medio, mientras que para los nueve restantes finalmente retiró la acusación.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Hispanidad, asegura que “con una acusación tan vaga se impone al juzgador y a las defensas como primera cuestión la de buscar y rebuscar en la causa para intentar descubrir cuales son esos concretos apuntes contables que se pretenden falsos por las acusaciones para fundar el delito de falsedad de las cuentas”. Resumiendo: las acusaciones estaban cogidas con alfileres y al final quedaron en nada.

Ahora bien, la sentencia pone en solfa, en primer lugar, a la propia Justicia cuando tiene que juzgar cuestiones financieras. Además, el hecho de que se tarde más de 10 años -Banco de Valencia fue intervenido en 2011- en dictar sentencia es injusto, sobre todo si los acusados terminan siendo absueltos.

En segundo lugar, la sentencia pone en solfa la labor de los supervisores. ¿Realmente estaba en quiebra Banco de Valencia? En sentido contrario, el informe pericial de dos inspectores del Banco de España dictaminó que el Popular no sólo no estaba en quiebra cuando fue intervenido y vendido al Santander por un euro, sino que tenía un valor de 11.000 millones de euros.

Para terminar, la sentencia pone en solfa el propio sistema de rescate bancario. En 2011, Banco de Valencia fue intervenido y recibió una inyección incial de 1.000 millones de euros de ayudas públicas, que más tarde se elevaron hasta los 4.500 millones de ayudas europeas, más 206 millones del esquema de protección de activos. En total, 4.706 millones de dinero público. Luego fue adquirida por Caixabank por un euro. ¿No hubiera sido mejor dejar quebrar a los bancos quebrados, teniendo en cuenta que los depósitos están garantizados, hasta 100.000 euros, por el Fondo de Garantía de Depósitos? Hablamos del sistema Bankia, que recibió 24.000 millones de ayudas públicas, o del sistema Leman Brothers, que las autoridades de EEUU dejaron caer.

Mejor el sistema Lheman: que quiebren los quebrados.. En cualquier caso, una justicia que tarda 10 años en dictar sentencia, ni es justicia ni es nada.