Damos la bienvenida a esta sección de entrevistas a César Cantalapiedra. "César, un par de párrafos para presentarse a nuestros lectores, por favor".
“Soy economista y socio director de Afi del equipo de Finanzas Públicas. Desde este área colaboramos con las administraciones públicas para hacer más eficiente la gestión económica y financiera de sus presupuestos”.
Y, precisamente, esta semana se ha hablado mucho de gestión económica y financiera, en concreto de las comunidades autónomas, tras anunciar el Gobierno una quita en la deuda de Cataluña por 17.000 millones de euros, pactada con ERC, que se ha hecho extensible al resto de territorios y cuya suma total asciende a 83.000 millones.
La medida ha sido aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que, sorprendentemente, no se ha planteado la reforma del sistema de financión autonómica, pendiente desde el año 2014.
De todo esto vamos a charlar con el socio de Afi
-Pues vamos allá. Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que se ha quedado fuera la reforma de la financiación autonómica. Creo, si no me equivoco que lleva pendiente desde 2014…
Efectivamente, el compromiso del Gobierno central con las Comunidades Autónomas asumía revisar el sistema de financiación cada cinco años. La gran crisis económica y financiera constató una insuficiencia de recursos casi desde su inicio, insuficiencia que ha arrastrado el modelo desde entonces, con desequilibrios significativos entre los diferentes territorios que han ido financiando con un aumento del endeudamiento público sin precedentes.
-Claro que…será fundamental para renovar el modelo saber que va a pasar con la financiación ‘singular’ para Cataluña, ¿no es así?
Cualquier decisión que afecte a alguna de las comunidades autónomas de régimen común afecta al conjunto del sistema y si esta comunidad es Cataluña, que gestiona el mayor presupuesto de ingresos y gastos de todas ellas, con mayor razón aún. Si hubiera alguna decisión o un condicionante que justificara un cambio en los recursos del Sistema lógicamente será determinante para acordar un nuevo modelo para las CCAA de régimen común.
-Usted aseguraba, en 2018, que España no podía sostener que Cataluña tuviera un modelo de financiación autonómica como el foral navarro o vasco, y que no podía aumentar la diferencia entre territorios haciendo excepciones en comunidades tan grandes como la catalana. ¿Sigue opinando lo mismo?
Considero muy difícil de conjugar un esquema de financiación en el que el 30% de los recursos se gestionen con un sistema equivalente al foral y el 70% con un modelo que se asimile al actual. En todo caso, hasta el momento no se ha alcanzado un cierto grado de concreción sobre esa “financiación singular” como para poder valorar técnicamente sus efectos.
Las CCAA necesitarán 37.000 millones para financiarse este 2025
-¿Qué le parece que el Estado vaya a asumir una parte de la deuda de las comunidades?
De alguna manera ya estaba asumiendo una responsabilidad en su financiación reduciendo la factura de los intereses de la deuda porque el Tesoro se estaba endeudando en los mercados de capitales y no estaba trasladando a las Comunidades Autónomas ningún coste, ni de prima de riesgo ni de intermediación. En la historia de la financiación autonómica podemos encontrar numerosos ejemplos de asimetrías y arbitrariedades de las que, parcialmente, es responsable el Estado central. El más evidente es no haber sido capaz de reducir la infrafinanciación relativa de algunas CCAA que, finalmente, se han endeudado muy por encima de la media.
Es evidente que la condonación no es homogénea y que genera efectos desiguales entre territorios como lo es de la misma manera que cada año los ingresos por habitante (en términos homogéneos) sea diferente entre CCAA, y donde unos ciudadanos se benefician de los mayores ingresos que reciben sus administraciones frente a otros.
Pero si partimos de la base de que algunos gobiernos regionales no tenían capacidad para financiarse de forma autónoma en los mercados, por puro pragmatismo, no tiene sentido prolongar en el tiempo el sistema actual. Se perpetúan relaciones de dependencia financiera del Estado central y se generan incentivos perversos a no asumir la responsabilidad sobre el exceso de endeudamiento. Ahora bien, es compartida la percepción de que la condonación no soluciona el problema de fondo de un sistema de financiación caduco y que genera desigualdad.
-Quita de deuda a las comunidades por 83.000. A su juicio, ¿es una buena idea? Cataluña y Andalucía, las más beneficiadas, dice el Gobierno. ¿Qué pasa con aquellas que no han acudido al FLA como Madrid? ¿No estamos confundiendo churras con merinas cuando se habla de que esta quita ayuda a las comunidades que están infrafinanciadas? ¿Se ha dinamitado la posibilidad de ponerse manos a la obra para reformar el sistema de financiación autonómica?
Ya sea a través de una condonación o de una reestructuración de la deuda, era necesario ofrecer una salida a comunidades autónomas que difícilmente iban a poder hacer frente a sus compromisos con los acreedores financieros en el largo plazo. Sólo en las cuatro regiones con mayor peso de la deuda sobre su PIB residen 16 millones de personas a las que no se puede condenar a recibir servicios públicos infrafinanciados cuando la responsabilidad de la situación actual no se puede atribuir exclusivamente a sus gobiernos.
Cualquier decisión que afecte a alguna de las comunidades autónomas de régimen común afecta al conjunto del sistema y si esta comunidad es Cataluña, que gestiona el mayor presupuesto de ingresos y gastos de todas ellas, con mayor razón aún
Es más discutible que se tome esta medida de forma aislada e independiente de otras medidas que hagan más sostenible el sistema de financiación. Es sabido que el catalizador de la medida es el compromiso del gobierno con ERC sobre Cataluña pero la propuesta se ha hecho extensible, al menos, para el resto de comunidades de régimen común, incluso para aquellas que no tienen contratado el FLA (si bien hay que subrayar que de forma heterogénea). Para estos casos el Tesoro asumirá las obligaciones ante terceros de la deuda contraída, por lo que no será una restricción. La quita ha introducido un sesgo a condonar más volumen hacia aquellas CCAA más infrafinanciadas, respondiendo en cierta medida a la corresponsabilidad por haber alargado el tiempo con un sistema desequilibrado en el reparto de los recursos, pero no es el único condicionante. En cualquier caso
-Lo cierto es que España tiene un problema y es que la deuda pública, vía comunidades, no deja de crecer…¿A cuánto asciende la deuda acumulada por las autonomías?
Es comprensible que la deuda de las comunidades autónomas haya crecido porque financia la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia, fundamentalmente. Pero no ha crecido mucho más la deuda autonómica que la central; mientras la primera se ha multiplicado por 3,5 desde 2009, la deuda de la Administración General del Estado (AGE) lo ha hecho por 3,1 veces. El último dato publicado por el Banco de España es 333 mil millones de euros de deuda regional y algo más de 1.500 mil millones de deuda de la AGE.
-¿Qué ha pasado para que, desde la crisis financiera, haya crecido en cinco veces el pasivo?
La deuda no es otra cosa que el reflejo de los desequilibrios presupuestarios desde 2008. La caída de ellos ingresos fiscales durante la crisis y la inercia del gasto, a pesar de los períodos de austeridad, han elevado la deuda el peso de la deuda pública sobre el PIB desde ratios mínimos del 35% al 104% actual. Desde entonces las cuentas públicas han cerrado con déficit, como también lo han hecho en la mayor parte de países de nuestro entorno. En los últimos cuatro años el mayor ritmo de crecimiento nominal de la economía que el de la deuda ha permitido a diluir en veinte puntos este indicador y muy probablemente se reducirá por debajo del 100% a lo largo de 2025.
Es evidente que la condonación no es homogénea y que genera efectos desiguales entre territorios
La razones son numerosas pero siendo concisos, la demanda de los servicios públicos fundamentales no ha dejado de crecer, el dinamismo de la economía ha sido débil durante la pasada década y nuestro sistema fiscal ha sido ineficiente para cubrir las necesidades presupuestarias. Llegados hasta aquí, hay que preguntarse por la sostenibilidad de esta tendencia y es evidente que la respuesta es negativa. La solución sólo puede pasar por una reforma fiscal que responda a los retos futuros y por una estrategia de evaluación del gesto público mucho más determinante.
-Porque, ¿el Estado sigue endeudándose a cuenta las comunidades?
En buena medida por la inacción de los diferentes gobiernos para perpetuar un sistema que ha sido cómodo para la AGE porque los mercados de deuda han permitido la absorción de las emisiones en un contexto de tipos de interés bajos, y también para los gobiernos regionales que no han reclamado con más contundencia recuperar su autonomía financiera y una reforma del modelo de financiación. Los principales partidos políticos tampoco han ayudado a imponer planteamientos de Estado por encima de los territorios porque el peso de los presidentes autonómicos en nuestro marco político condiciona cualquier negociación.
-Según sus estimaciones, las de Afi, las CCAA necesitaran 34.500 millones para financiarse este 2025
Estimamos algo más, alrededor de 37.700 millones de euros, de los cuales dos terceras partes seguirán canalizándose a través de los mecanismos de liquidez con el Tesoro y el resto, cerca de doce mil millones, se instrumentarán a través de emisiones de bonos o de préstamos con las entidades bancarias.
-Y, la que más necesitará es Cataluña, si no me equivoco.
Será la Comunidad Valenciana que superará de largo los nueve mil millones de euros, mientras que Cataluña será la segunda con algo más de ocho mil millones de necesidades de endeudamiento.
La deuda no es otra cosa que el reflejo de los desequilibrios presupuestarios desde 2008
-Madrid acaba de anunciar nuevas rebajas fiscales. ¿Está incurriendo en dumping el Gobierno de Ayuso tal y como asegura el Gobierno?
Cada gobierno regional ejerce sus competencias normativas en el poco recorrido que dispone para hacerlo y dentro de los márgenes que le concede la legislación española y europea. En mi opinión debería existir mayor margen de maniobra en algunos impuestos y en otros, en donde los incentivos tienden a eliminar el efecto que se persigue con las figuras tributarias, o suprimes dichos impuestos o debes minimizar ese margen de maniobra para no generar distorsiones. En cualquier caso, en un modelo que pretenda dar autonomía a los territorios, no debería coartarse la capacidad de decidir con sus presupuestos y que sea la ciudadanía la que refrende esas decisiones con todas sus consecuencias, sin tanto paternalismo por parte de la AGE.
-¿Es compatible pagar menos impuestos y mantener bien financiada la sanidad y la educación, por ejemplo?
Si la gestión es adecuada y se implementa una estrategia de evaluación exigente del gasto público no tiene porque ser incompatible. Pero no hay que perder la perspectiva de los niveles de calidad de los servicios públicos que demanda un país. Es fácil caer en la demagogia y los últimos quince años han dado numerosas muestras del papel tan relevante del Estado en sentido amplio -en todos sus niveles- en los momentos críticos para contrarrestrar la pérdida de pulso económico -durante la crisis del Covid sin ir más lejos-. Y con una mirada al futuro más inmediato, también se le invoca para afrontar los desafíos de una Europa donde la inversión productiva no está creciendo y la pirámide demográfica envejece.
-Fondos europeos. Últimamente, no se habla mucho de los Next Generation. Se cuestionaba el ritmo de ejecución y parece que seguimos a la zaga respecto a Italia y Francia, por ejemplo.
La cifras de la Comisión Europea no son desfavorables para España por el ritmo de los desembolsos que, no olvidemos, había definido unos hitos y objetivos (reformas e inversiones) como indicadores sobre el ritmo de ejecución de nuestro Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Según nuestras estimaciones se habría ejecutado cerca del 65% de los fondos que se canaliza entre subvenciones concedidas y contrataciones públicas con recursos de Next Generation.
El peso de los presidentes autonómicos en nuestro marco político condiciona cualquier negociación
Cuantificar el efecto de las inversiones es más fácil que el de las reformas pero según los datos de Contabilidad Nacional, las ayudas a la inversión habrían añadido 1,6 puntos porcentuales al crecimiento de la economía desde el inicio del PRTR hasta noviembre pasada. Este es un indicador parcial -no recoge las reformas- y retrasado porque mide el efecto una vez que el receptor final ha recibido el desembolso de las ayudas, pero realmente el impacto se genera desde el momento en el que el promotor empieza a planificar un proyecto y que puede requerir, por ejemplo, contratación de empleo.
-¿Por qué España tiene problemas siempre para ejecutar las ayudas europeas? ¿Excesiva burocracia, falta de estructura administrativa, injerencias políticas…?
La principal razón es que es, con diferencia, uno de los países que más fondos recibe en términos absolutos y que la administración ha debido adecuarse dimensionarse para ejecutar un volumen tan grande de recursos para la que no estaba dimensionada. Pero es evidente que los procesos de ejecución adolecen de un desarrollo tecnológico que podría haber suplido la falta de recursos humanos en los niveles que eran necesarios. No hay que olvidar tampoco la complejidad de nuestro modelo de Estado descentralizado que hace necesaria la coordinación de diferentes administraciones.
-¿Sabe cuánto suman estos fondos al PIB?
Tras las ampliaciones de fondos en la dotación asignada a España con la Adenda y la aprobación del programa REPowerEU, el presupuesto de las ayudas no reembolsables se incrementó de 69.528 millones a 79.854 millones de euros. Adicionalmente se solicitó el paquete de instrumentos financieros que si es reembolsable y suma otros 84.000 millones de euros.
-Si los fondos europeos llegaran directamente a las comunidades, ¿se gestionaría mejor y, por ejemplo, serían un revulsivo para la vivienda?
Difícil responder a esta pregunta. Podemos teorizar con el contrafactual pero la respuesta tampoco sería homogénea. Hay comunidades que están siendo mucho más eficientes que otras en la ejecución de los fondos europeos.
Fondos Europeos: "No hay que olvidar tampoco la complejidad de nuestro modelo de Estado descentralizado que hace necesaria la coordinación de diferentes administraciones"
-Y…hablando de vivienda, ¿cómo solucionamos el problemón que tenemos?
Iré por el camino fácil en la respuesta. Sería mucho mejor para todos que las administraciones se alinearan para responder a una demanda social y económica urgente. Es uno de los cuellos de botella más relevantes para España y también para Europa. Las instituciones europeas así parecen haberlo identificado y no hay ninguna fuerza política nacional que no considere que es una prioridad para que el sector público intervenga facilitando el acceso a la vivienda a colectivos amplios que lo demandan. Al menos está en la agenda y se han empezado a implementar medidas que pueden ser efectivas pero falta más contundencia y sobran debates competenciales incluso dentro de cada administración.
-Por último, ¿algo que se nos haya pasado por alto…por ejemplo, una buena película, un buen libro, un buen paseo, un buen plato de…?
Entre mis lecturas más recientes he disfrutado de “Poder y progreso” de Daron Acemoglu y Simon Johnson. Y en el cine me alegro de poder destacar cine español como “El 47”. En los paseos me quedo con la Casa de Campo y espero que no tarde en llegar algún fin de semana de ruta por el Pirineo aragonés, al que suelo ir a despejarme tres o cuatro veces al año.
