Ence Energía y Celulosa se hunde un 25% en bolsa (un 9% el pasado viernes y un 12,73% este lunes -aunque ha habido momentos con caídas del 15% a lo largo de la sesión-) después de que la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la prórroga hasta 2073 de la planta de Pontevedra. La compañía líder de Europa en producción de celulosa y primera española en producir energía renovable con biomasa agrícola y forestal ha señalado que agotará todas las vías jurídicas para defender la legalidad de la prórroga que le otorgó el Gobierno de Mariano Rajoy en enero de 2016 y recurrirá ante el Tribunal Supremo.

La sentencia de la Audiencia Nacional es una noticia muy negativa para Ence, según los analistas del Banco Sabadell, pues aunque aún no es definitiva, aleja el escenario de que se diera una nueva prórroga hasta 2033 y cobra más fuerza un escenario de cierre de la planta en entre uno y tres años. La incertidumbre sobre el resultado final del proceso judicial es muy elevada, pero los citados analistas consideran que si se diera el cierre de la biofábrica pontevedresa, situada en Lourizán, Ence presentaría la oportuna reclamación solicitando una indemnización de al menos los 130 millones de euros que lleva invertidos desde que se le concedió la prórroga actual hasta 2073. La compañía ha subrayado que la planta de Pontevedra cumple sobradamente con toda la legislación ambiental y que, con su actividad, promueve la utilización de celulosa, un material reciclable, biodegradable y sustitutivo de los derivados del plástico; una actividad que está además alineada con la transición energética, al autoabastecerse en energía renovable, y con la economía circular, como demuestra el certificado “Residuo Cero” concedido por Aenor. 

De la planta de Pontevedra depende más de 5.100 empleos directos e indirectos, y a estos se suman cerca de 200.000 familias productoras forestales del norte de España, que se verían afectadas por el cese de la planta y la consiguiente caída de la demanda

Miles de personas (trabajadores y sus familias, así como empleados de empresas auxiliares y del sector forestal) se han movilizado en Pontevedra pidiendo la continuidad de la biofábrica: “Ence se queda en Lourizán”. Una planta de la que dependen más de 5.100 empleos: una plantilla fija de 400 empleados; a los que se suman 2.700 de contratistas del área industrial, logística y del transporte; y otros 2.100 empleos del sector forestal de Galicia. A estos se suman cerca de 200.000 familias productoras forestales del norte de España, que también se verían afectadas por el cese de la planta y la consiguiente caída de la demanda. 

La presidente del comité de empresa, Ana Cedeira, ha avisado que “Ence está en pie de guerra” y que el personal seguirá movilizándose en Pontevedra, pero también en toda Galicia y en Madrid. Cedeira ha acusado al alcalde de Pontevedra, el nacionalista gallego Miguel Anxo Fernández Lorez, y a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, de ser los “auténticos responsables del terremoto laboral e industrial” que conllevaría el cierre de la planta porque “no tiene ubicación alternativa”.

La presidenta del comité de empresa, Ana Cedeira, acusa al alcalde de Pontevedra y a la vicepresidenta Teresa Ribera de ser los “auténticos responsables del terremoto laboral e industrial” que conllevaría el cierre de la planta

Conviene recordar que el gobierno municipal pontevedrés (BNG y PSOE) no le ha puesto las cosas fáciles a Ence en los últimos tiempos. Recuerden que el pasado 22 de marzo, el Ayuntamiento de Pontevedra declaró ‘persona non grata’ al presidente y CEO, Ignacio de Colmenares. Un día después, en la última Junta de Accionistas, De Colmenares señaló que seguirá defendiendo la continuidad de la concesión de la biofábrica y subrayó que es completamente segura y sus parámetros ambientales mejoran ampliamente las más exigentes normas y autorizaciones ambientales europeas y españolas.

Los analistas del Banco Sabadell han destacado que la biofábrica pontevedresa supone el 43% de la capacidad productiva y algo menos del 35% del Ebitda del negocio de celulosa. Esto no es baladí, teniendo en cuenta los resultados del primer trimestre, Ence logró reducir un 18,4% las pérdidas, hasta 9,6 millones, y mantener estable el Ebitda (16,8 millones), pero tuvo un descenso de ingresos (-9%, a 167 millones) por el menor precio de la celulosa y las paradas de mantenimiento, y aumentó su deuda neta casi un 28%, a 227,4 millones. Además, hay que destacar que el pasado noviembre Ence vendió el 49% del negocio de energía renovable al fondo de inversión británico Ancala Partners por 359 millones, aunque sigue manteniendo el 51% restante y, por tanto, su control; y que también vendió el 90% de su participación en la planta termosolar de Puertollano a Q-Energy por 168 millones. Dos movimientos que contribuyeron a que cerrara el primer trimestre con 475 millones de caja disponible. 

Recuerden que en mayo de 2019, Juan Luis Arregui decidió jubilarse, convirtiéndose en presidente de honor y dejando la presidencia en manos de Ignacio de Colmenares, que sumó este cargo al que ya ostentaba de CEO, pero sigue siendo su principal accionista: controla un 29,443% del capital, en concreto, un 0,203% de forma directa y un 29,240% a través de la sociedad Retos Operativos XXI. En la última Junta de Accionistas, se nombró a los hijos de Arregui (que actualmente tiene 78 años) como consejeros dominicales de Ence: Javier, Óscar y Gorka Arregui Abendivar. Por tanto, la historia de los Arregui y Ence se mantendrá a largo plazo.