La energía verde es cara y buena prueba de ello se puede ver en que la luz se sitúa en récord histórico en junio, con un precio medio de 83,3 euros por megavatio-hora (MWh), superando el máximo de 71,49 euros registrado en enero de 2017 y siendo un 172% superior al de hace un año. Y ojo, porque Teresa Ribera ha advertido que los altos precios se mantendrán en los próximos meses, teniendo en cuenta las previsiones de los precios del gas y de los derechos de CO2.

En su última comparecencia en Comisión en el Congreso, la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfica ha referido que es “difícil” que la luz pueda bajar en el corto plazo de los 45 euros/MWh. Este es el tope fijado para la rebaja del IVA de la luz del 21% al 10%, la cual se mantendrá hasta final de año. Ribera también refirió que la fiscalidad de la energía requiere una actualización, aunque hace unos días, en una entrevista, olvidó que más del 60% de la factura son impuestos. 

¿Por qué es tan cara la luz? Primero, por culpa de las generosísimas primas a las renovables que dio Zapatero, que dispararon el déficit de tarifa. Y segundo, por el CO2, cuyo precio supera los 50 euros por tonelada, el doble que hace un año

Pero, ¿por qué es tan cara la luz? Primero, por culpa de las generosísimas primas a las renovables que dio José Luis Rodríguez Zapatero: estas dispararon el déficit de tarifa a casi 30.000 millones de euros, el cual cerró 2020 en 14.294 millones y se prevé que lo acabaremos de pagar en 2028. Unas primas que empezó a recortar el ministro socialista Miguel Sebastián en 2010, cuando vio la magnitud del desastre, y después el popular José Manuel Soria en 2013, provocando que llegaran reclamaciones milmillonarias de fondos y compañías: a España le reclaman más de 7.700 millones y tiene 48 laudos abiertos, aunque, al menos, ha empezado a ganar laudos. Y segundo, por el CO2: su precio ha pasado de los 30 euros por tonelada que registraba a principios de año a superar los 50 euros, el doble que a comienzos de 2019 (20-25 euros), pero esto supondrá que con la venta de derechos de CO2, la Hacienda Pública española se podría embolsar 2.500 millones este año.

El diputado Juan Diego Requena (PP) criticó que la CNMC no es un organismo independiente porque “quien controla el tarifazo es su marido” y mostró su preocupación. Ribera pidió respeto, pero también tiró de mala leche recordando a los hermanos gemelos Álvaro y Alberto Nadal

¡Qué casualidad! El matrimonio Bacigalupo-Ribera también tuvo protagonismo en la citada comparecencia, aunque la vicepresidenta destacó no hay ningún tipo de “incompatibilidad ni conflicto de intereses” por el hecho de que su marido, Mariano Bacigalupo, sea miembro de la CNMC y recordó que fue nombrado por el último Gobierno del PP en junio de 2017. El diputado Juan Diego Requena (PP) fue quien criticó que la CNMC no es un organismo independiente porque “quien controla el tarifazo es su marido” y mostró su preocupación. Ribera respondió que “no hay una relación de subordinación entre el regulador gubernamental y el regulador sectorial” y pidió “respeto por las personas e instituciones”. Eso sí, la vicepresidenta también tiró de mala leche al afirmar: “no es infrecuente encontrar situaciones parecidas cuando uno observa que hay hasta hermanos gemelos que han sido ministro y secretario de Estado (en alusión a Álvaro y Alberto Nadal), con sus respectivas mujeres como directora generales simultáneamente, alguna de ellas en cargos tan importantes como la Oficina Económica del presidente del Gobierno” (la mujer de Alberto, Eva Valle, relevó a su cuñado al frente de dicha Oficina; mientras que Álvaro colocó a su amiga María Fernández Pérez, con quien trabajó en la Oficina Económica, en la CNMC).

Eso sí, se debe destacar que la comparecencia de Ribera se produjo el mismo día que la CNMC emitió un informe avalando el anteproyecto de ley de retribución del CO2 y valorándolo positivamente, aunque ha sugerido que se exima a la eólica. Recuerden que dicho anteproyecto quiere recortar la retribución del CO2 a nucleares (las cuales están quebradas), hidráulicas y eólicas anteriores a 2005, y podría restar entre 200 y 500 millones a las eléctricas.