Los fondos de inversión no suelen ser ninguna hermanita de la caridad, y la gran mayoría suelen ser especulativos. Su objetivo es ganar dinero… y cuanto más mejor vía dividendos y/o ventas de activos de las empresas en las que invierten o de estas en su totalidad, y hacerlo rápido, porque su horizonte de inversión suele ser de unos cinco años. Es cierto que antes se conformaban con ser minoritarios en las compañías, pero desde hace unos años algunos también son mayoritarios y entran en la gestión (por ejemplo, así pasa en Deoleo, controlado por CVC). Y ojo, han entrado en las energías renovables, pero no sólo contribuyen a aumentar la burbuja especulativa de las mismas e incluso a crear otra con el hidrógeno verde, sino que también aprovechan los laudos para exprimir aún más a España, llegando a provocar embargos hasta de activos ajenos al sector energético.

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Recuerden que el tema de los laudos de las renovables aún colea y lleva años dañando la reputación de nuestro país, por culpa del PSOE, a pesar de que Teresa Ribera, la vicepresidenta ecológica (y aspirante a nueva comisaria europea), se empeñe en echársela al PP. Todo empezó siendo presidente el socialista José Luis Rodríguez Zapatero (ahora muy entregado en apoyar a Nicolás Maduro para que siga dirigiendo Venezuela, incluso en contra de sus colegas del Grupo de Puebla), que a través de sus dos primeros ministros de Industria, Comercio y Turismo -los socialistas catalanes José Montilla y Joan Clos- decidió dar unas generosísimas primas a las renovables garantizando a los inversores una rentabilidad del 22% a 50 años. De esta forma, dispararon el déficit de tarifa a casi 30.000 millones de euros, el cual cerró 2023 en 7.866 millones, y que aún tardaremos años en acabar de pagar, de hecho, se prevé que eso sucede en 2028, pero también hay que tener en cuenta que el coste medio de dicha deuda para este año será del 2,44%, frente al 2,042% del año anterior, en parte por la subida de los tipos de interés, y encima hay que abonar los intereses. Cuando el socialista Miguel Sebastián relevó a Clos como ministro, se dio cuenta del desastre de ZP y comenzó a recortar las primas a las renovables en 2010. Tras el cambio en La Moncloa un año después con la llegada del pepero Mariano Rajoy, el relevo pepero de Sebastián, José Manuel Soria, insistió en recortar fuertemente dichas primas en 2013, bajando la rentabilidad que se garantizaba a los inversores al 7,398%. Además, el Tribunal Supremo subrayó que la rentabilidad no podría ser del 22%, sino del 7-9%.

Las generosísimas primas a las renovables de ZP dispararon el déficit de tarifa a casi 30.000 millones de euros, el cual cerró 2023 en 7.866 millones, y que aún tardaremos años en acabar de pagar: se prevé que eso sucede en 2028, pero ojo, el coste medio de dicha deuda será mayor este año

Todo esto dio lugar a reclamaciones milmillonarias por parte de fondos y compañías a través de laudos internacionales contra España. Unos procesos que se demoran demasiado en el tiempo y donde hasta ahora ha habido fallos en contra y otros favorables, aunque todos han sido recurridos por la Abogacía del Estado; e incluso hubo un cambio en la jurisprudencia de las cortes arbitrales y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) -organismo de arbitraje que depende del Banco Mundial- dio el visto bueno a la reforma Soria y señaló que cuando España redujo la rentabilidad de las renovables no hizo ninguna ilegalidad y lo hizo en defensa del interés público y en circunstancias extraordinarias. Sin embargo, esto no ha impedido que haya fallos en contra de nuestro país, que ya debe unos 1.560 millones de euros, y que ascienden a 1.875 millones si se suman las condenas en costas, los intereses de demora y otros sobrecostes.

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Ribera ha acertado al secundar a Italia y Polonia al iniciar la salida de la Carta de la Energía,… y el verano pasado sumó el apoyo de toda la Unión Europea. De esta forma, los 27 Estados miembros dejarán este Tratado que sienta las bases para que las inversiones energéticas se hagan con seguridad jurídica y en el que se apoyaban las demandas que los fondos interpusieron contra España por el recorte de las generosísimas primas a renovables.

Reino Unido embargó de forma cautelar el 26% que AENA tiene en el aeropuerto de Luton... debido a que el 51% de su capital es propiedad del Estado español a través de Enaire, aunque no es el primer embargo y seguramente no será el último

Otro aspecto en el que Ribera ha actuado bien ha sido en negarse a pagar, mientras los reclamantes llevan tiempo pidiendo una salida negociada a Ribera, que aún no ha llegado. Aunque han empezado a llegar embargos y ojo, porque estos ya afectan a activos que no tienen nada que ver con el sector energético, aunque estén relacionados con el Estado español. Así se ha visto hace unos días, cuando Reino Unido embargó de forma cautelar el 26% que AENA tiene en el aeropuerto de Luton. ¿El motivo? El laudo de 291 millones que dictaminó el CIADI para compensar las pérdidas en dos plantas termosolares de la empresa estadounidense NextEra Energy situadas en Extremadura. El gestor aeroportuario español que dirige el socialista catalán Maurici Lucena se ha visto inmerso en el asunto debido a que el 51% de su capital es propiedad del Estado español a través de Enaire. Esto se suma a otro embargo del pasado julio, en esa ocasión por parte de tribunales de Bélgica, a petición del fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, que recayó sobre las transferencias a la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol) por parte de Enaire: el CIADI cifró la indemnización en 32 millones, pero después un tribunal de Bruselas la elevó a 83,7 millones.

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Los dos citados no son los únicos embargos de nuestro país debido a los laudos de las renovables… El pasado noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales decidió embargar cuatro cuentas bancarias (en el Banco Santander) del Estado español, en concreto pertenecientes al Instituto Cervantes, por valor de casi 806.000 euros para cubrir los impagos al fondo Blasket. Unos impagos correspondientes al ‘caso Infrared’ que refiere la victoria de Blasket y la derrota de España en un laudo en el CIADI que empezó en 2014 y acabó en 2019, confirmando el laudo en marzo de 2021, y donde se pedía una compensación de 75,7 millones, que se redujo a 28,2 millones en la sentencia final.

A este embargo, se suma el de la sede del Instituto Cervantes en Londres, así como del edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas y la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña. Asimismo, se ha confiscado el derecho de cobro de la indemnización del Prestige (más de 900 millones) y un grupo de inversores liderado por Blasket ha enviado al Gobierno Sánchez una notificación pre-judicial que alerta de la puesta en marcha de un procedimiento de default técnico que afecta a un bono de deuda por valor de 237 millones y que vence en 2029. Ojo, porque al tratarse de un procedimiento de default técnico, nuestro país podría verse obligada a saldar los pagos pendientes de inmediato. Además, la Corte Suprema de Australia también ha dado la razón a los acreedores, por lo que no sería de extrañar futuros embargos... y estos podrían afectar a la filial de la naviera pública Navantia en dicho país. 

Y en este contexto, también hay fondos de inversión que sólo buscan sacar tajada de la oportunidad. Y es que han llegado a comprar los laudos a las empresas y fondos afectados, y no se rinden, pues solamente dinero y exprimir más y más a España.