Desde Emilio Botín hasta Pedro Sánchez: acabemos con la acusación popular. Recuerden que el fallecido presidente del Santander, en el caso de las cesiones de crédito, fue acusado por terminales de sus viejos enemigos, por ejemplo, Rafael Pérez Escolar, encarcelado por el caso Banesto, en calidad de acusación particular. Botín se libró de una condena dura porque a jueces, fiscales y letrados de prosapia -en esto coinciden con don Pedro Sánchez- no les agrada la acusación popular... la misma que ha llevado a los tribunales a su esposa Begoña Gómez y a su hermano David y el caso se centró en la Fiscalía.

¿Se imaginan ustedes que en el caso Begoña Gómez no fuera el juez Peinado el instructor sino la Fiscalía, esa misma fiscalía que lo único que ha hecho es pregonar, antes de analizar el caso, que doña Begoña es inocente y que no ha cesado de perseguir al magistrado? ¿Se lo imaginan?

Al fiscal general del Estado le nombra el Gobierno (perdón, el Rey, como bien ha aclarado José Ramón Pablos en Hispanidad), pero la desfachatez de Sánchez y el apocamiento del rey Felipe VI ha hecho que se nombre a personajes, descaradamente filosocialistas, como Dolores Delgado o Álvaro García Ortiz. La misma desfachatez que le ha llevado a colocar a uno de sus ministros más sectarios, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España y aquí no ha pasado nada.

El caso es que la acusación popular constituye una de las tradiciones jurídicas más relevantes de España. Eliminarla  o reducirla a mínimos, que es lo que se está haciendo para salvar a Begoña Gómez, al grito de que todos aquellos que me acusan son grupos de ultraderecha... no parece muy democrático, pero Sánchez sabe que juega con una España abotargada, que traga con todo.

El segundo ataque para neutralizar los casos de corrupción que asolan al Sanchismo no es más que una continuación o alargamiento de la eliminación de esa acusación popular. Se trata de afianzar la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la que se pretende que la instrucción penal pase a manos de los fiscales. De algún modo siempre ha sido así, pero también siempre bajo la dirección del juez. Ahora no, lo que quiere Moncloa es que todo el protagonismo de la instrucción recaiga sobre la Fiscalía en la convicción de que el progresismo controla la Fiscalía. Y esto es cierto, la controla, pero todavía hay fiscales que, por mucho que dependan, más o menos, quede claro, del Gobierno, todavía tienen derecho y conciencia.

Estas son las armas de Moncloa para combatir el caso Begoña Gómez y el resto de sumario que le tiene cercado. En el fondo, no supone otra cosa que sembrar la impunidad más absoluta para el poder político, cuando se enfrenta a los tribunales.

Es cierto que el Gobierno controla la fiscalía pero todavía hay fiscales que, por mucho que dependan del Ejecutivo, todavía tienen derecho y conciencia

¿Y la justicia ya no será independiente? Bueno sí, lo será, lo que ocurrirá es que estará repleta de socialistas, perdón, de progresistas... que jamás condenarán a un socialista, aunque se encuentre podrido de corrupción.

Ahí es donde debe rebelarse la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial, doña Isabel Perelló. Solicitar la independencia de la Justicia está bien pero un obrero no puede trabajar sin utensilios. Si es el fiscal es quien dirige la instrucción, en un elevado porcentaje ya sabemos en qué dirección instruirá.

Respecto a la acusación popular: ¿Se imaginan ustedes que en el caso Begoña Gómez no fuera el juez Peinado el instructor sino la Fiscalía, esa misma fiscalía que lo único que ha hecho es pregonar, antes de analizar el caso, que doña Begoña es inocente y que no ha cesado de perseguir al magistrado? ¿Se lo imaginan?

Caminamos hacia la España impune. Es decir, hacia la España regida por un poder impune.