Las acciones de Ferrovial subían un 1,25% minutos después de que la mayoría de los accionistas de la compañían aprobaran trasladar su sede social a Países Bajos. Si ayer miércoles decíamos que el consenso empresarial es total, con un apoyo unánime a Rafael del Pino, hoy se ha demostrado que los accionistas respaldan de igual modo al presidente de Ferrovial. Los accionistas que han intervenido compartían el mismo mensaje: están hartos de los ataques a la empresa, es más, han llegado a asegurar que algunas de las declaraciones realizadas por parte del Gobierno "bordean la ilegalidad" contra la compañía. 

El princicipal accionista de Ferrovial es el propio del Pino, que controla el 20,4% del capital, seguido de su hermana María del Pino (8,2%); el fondo británico TCI (6,4%); su otro hermano Leopoldo del Pino (4,1%) y los fondos BlackRock (3,18%) y Lazard (3%). Y con un quorum total 77,691% del capital, la Junta General de Accionistas ha concluido con todos los puntos del día aprobados. Se ha reelegido a Ignacio Madridejos como consejero delegado por tres años y Gonzalo Urquijo ha sido renovado como consejero independiente, pero el punto del día sobre el que pivotaba la Junta ha sido el 11: la mudanza de Ferrovial a Países Bajos.

El presidente de la compañía ha asegura que la salida "no se hace por motivos fiscales" sino que "forma parte del desarrollo natural de Ferrovial" y es clave para potenciar el crecimiento, facilitar el acceso a los mercados de capitales y mejorar su competitividad. Del Pino ha lanzado un mensaje al Gobierno, su traslado "forma parte de la libertad de establecimiento en la UE que nutre la esencia misma de la Unión Europea". 

"Los impuestos que pagará serán similares a los que está pagando. Como muestra la jurisprudencia, la existencia de motivos económicos válidos y que no perseguimos ventaja fiscal permite que podamos acogernos al régimen de neutralidad fiscal". 

“Ferrovial no se va de España. Mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones, la contribución fiscal y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello”. “Ferrovial continuará contribuyendo fiscalmente en España como lo ha hecho desde su fundación” ha sentenciado del Pino.

Pese a que haya quedado aprobado el traslado, todavía existe una posibilidad para que la mudanza no pueda realizarse, y es que una parte del porcentaje de accionistas de Ferrovial que han votado en contra, número que aún no se conoce, puede ejercer su derecho de separación, es decir, pueden vender sus acciones por su oposición al traslado. 

Si el 2,56% de los accionistas ejerce este derecho en el plazo de un mes a contar desde hoy jueves, la operación no saldrá delante, puesto que la contraprestación que tendría que pagar Ferrovial superaría el límite de 500 millones que fijó en los términos de la operación.

Si no se alcanza este porcentaje, en un mes podremos ver cómo la mudanza de Ferrovial a Países Bajos se hace efectiva, eso sí, lo que queda por ver es el coste fiscal de la operación. Y es que el Gobierno con Marisu a la cabeza ya ha advertido a la compañía: “Será la Agencia Tributaria la que decida si se ajusta a la ley”. Dicho en otras palabras, si la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, lo estima conveniente se freirá a impuestos a Ferrovial y el traslado le saldrá caro. Pero cuidado porque Ferrovial será la primera empresa en marcharse, pero puede no ser la única. 

En definitiva, los accionistas aprueban la marcha a Holanda y Rafael del Pino deja claro que, si el Gobierno intenta 'vengarse', irá a los tribunales. El presidente de Ferrovial no ha opinado, sino que ha dictaminado que no se marcha por razones fiscales sino económicas. Por lo tanto, asegura, tiene todo el derecho a las exenciones fiscales de cualquier fusión, que este es el insturmento mercantil con el que se marcha a Holanda. Perdón, a Países Bajos.