Salió María Jesús Montero a escena este jueves con la intención de recuperar la iniciativa política en materia fiscal, después de las rebajas anunciadas por CCAA del PP, por el valenciano Ximo Puig y por el extremeño, también socialista, Guillermo Fernández Vara, aunque este último no ha querido enfrentarse a Moncloa y ha hablado de rebaja de tasas en lugar de impuestos. Sea como fuere, el debate estaba en la calle y la iniciativa no había sido del Gobierno.

Primera idea fuerza: con las medidas anunciadas este jueves por Marisu, Hacienda espera recaudar 3.144 millones de euros anuales, en 2023 y 2024. ¿Y para esto hacía falta tanto discurso? Estamos hablando de una cantidad que no llega ni a la tercera parte de una nómina mensual -son 14- de pensiones contributivas, que en septiembre alcanzó, atención, los 10.867 millones.

El plato fuerte es el nuevo impuesto a los ricos, llamado de “solidaridad”. Se trata de gravar a los patrimonios superiores a los 3 millones de euros y consta de varios tramos: los de entre 3 y 5 millones pagarán el 1,7%; los que sean entre 5 y 10 millones, el 2,1% y a los superiores a los 10 millones se les gravará con el 3,5%. Con este impuesto Hacienda espera recaudar 1.500 millones. Ya veremos, porque el departamento de Marisu siempre o casi siempre se ha quedado corto en este tipo de estimaciones. Hacienda asegura, eso sí, que afectará a 23.000 contribuyentes, el 0,1% del total.

La trastienda de este nuevo gravamen, sin embargo, es recuperar lo perdido por la bonificación autonómica aplicada en Madrid y Andalucía sobre el impuesto de Patrimonios. Así, el que declare Patrimonio en las CCAA que no lo bonifiquen, podrán deducirlo al 100 por 100 en el de Solidaridad.

Vamos con la Renta, donde hay novedades, tanto para las superiores a los 200.000 euros como para las inferiores a los 18.000 euros. Concretamente, se sube del 26 al 27% el tipo impositivo para las rentas superiores a los 200.000 euros, y del 27 al 28% las que superen los 300.000 euros. Afectará a 17.814 contribuyentes y pretende recaudar 204 millones.

Para las más bajas, se amplía hasta los 15.000 euros el mínimo exento para tributar -estaba en 12.000-, mientras que aumenta la reducción por rendimientos del trabajo, de 18.000 a 21.000 euros. Rebajar impuestos a las rentas más bajas está bien, pero ¿no sería mejor quitar las cuotas sociales? Así se fomentaría el empleo y la gente cobraría más.

¡Ah! y también se rebaja el IVA, del 10 al 4%, de los productos de higiene femenina

Para los autónomos, Marisu ha anunciado una rebaja del 5% en el rendimiento neto de los módulos. Además, se eleva del 5 al 7% la reducción para gastos deducibles de difícil justificación, una medida polémica por la subjetividad que aplica el fisco cuando realiza una inspección.

Más novedades en el apartado de Sociedades: las pymes que facturen menos de un millón de euros verán rebajado el tipo nominal, del 25 al 23%. A las grandes empresas, sin embargo, se les limitará al 50% la compensación de bases imponibles negativas de filiales en pérdidas, lo que se traduce en que tendrán un mayor beneficio en 2023, pero para tener que pagar más Sociedades. Tranquilos: podrán recuperar esa deducción en 2024.

¡Ah! y también se rebaja el IVA, del 10 al 4%, de los productos de higiene femenina.

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Todo esto para recaudar 3.144 millones más, insistimos, ni la tercera parte de una nómina mensual de pensiones contributivas. En cualquier caso, se echa mucho de menos que alguien proponga reducir el gasto público -Feijoó tampoco lo propuso-, que se puede reducir, atención, hasta en 60.000 millones sin reducir los servicios públicos como sanidad, educación, seguridad, justicia…, según el IEE. Oiga, que solo el Ministerio de Igualdad, además de los 500 millones de presupuesto anual que tiene, anunció otros 20.000 millones para un plan estratégico hasta 2025. Y todo ese dinero es de los contribuyentes.