Según ha informado en una nota de prensa la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, tres de cada cuatro solicitudes del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han sido denegadas (un 27%) y casi 100.000 están pendientes de resolver. Las causas principales de tantas denegaciones son la complejidad del procedimiento y los exigentes requisitos.

Los 337.000 expedientes aprobados alcanzan a unas 800.000 personas, de manera que el Gobierno ha cumplido únicamente con un tercio del objetivo (el 35%) que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a 2.300.000 personas que malviven en la pobreza extrema en España.

Un 8,04% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado del Ingreso Mínimo Vital, es decir, el 1,7% de la ciudadanía. “El sistema de Rentas Mínimas ofrecía una cobertura similar, quedándose en un 8% de las personas bajo el umbral de la pobreza”. Así se desprende de los datos de octubre del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que recoge esta Asociación.

El sistema de Rentas Mínimas ofrecía una cobertura similar, quedándose en un 8% de las personas bajo el umbral de la pobreza

No obstante, esta Asociación recalca que las sucesivas modificaciones del RDL que regula el IMV han propiciado un aumento de resoluciones positivas: si en 2020 las resoluciones positivas fueron el 15,3%, en 2021 hasta marzo fueron el 27,9% y hasta septiembre el 30,4%.

Hasta septiembre 2021, se habían recibido 1,45 millones de solicitudes, de las que el 91% eran expedientes válidos. En los primeros 15 meses desde su puesta en marcha, se han tramitado 1,24 millones de solicitudes, mientras que quedan casi 100.000 aún sin resolver (97.513).

Las denegaciones se producen por la complejidad del procedimiento y la dificultad de cumplir unos exigentes requisitos. “El propio Ministerio, en respuesta a través del Portal de Transparencia, a solicitud de nuestra Asociación, reconoce que el 60% de las denegaciones se han producido por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio); hay que tener en cuenta que se valoran los ingresos de la renta de 2019, año en el que no impactó la pandemia; otro 10% de las denegaciones se deben a la falta de acreditación de la unidad de convivencia, para la que se sigue exigiendo el padrón histórico colectivo”, explica esta Asociación.

“Confiamos en que las modificaciones anunciadas el 18 de octubre por los ministros Escrivá y Belarra incrementen aún más el porcentaje de resoluciones positivas. Y que el debate parlamentario que actualmente se está produciendo en el Congreso de los Diputados mejore la Ley del Ingreso Mínimo Vital y dobleguen al legislativo en sus pretensiones de control al pobre a través de estrictos e injustos requisitos y la complejidad de los procedimientos”, añade esta Asociación.

En cualquier caso, el Gobierno Sánchez ha vendido que 800.000 familias podrían beneficiarse de ello, Pues hasta el momento no llegan a 350.000 personas. No hay que confundir familias con personas, tampoco para hacer propagada mentirosa.