La empresa de reparto a domicilio Glovo, podría estar contando las horas para abandonar España, como ya hiciera la británica Deliveroo en noviembre de 2021 y que supuso la pérdida de 4.000 empleos. Lo curioso del asunto, sin embargo, es que este caso es anterior a la aprobación de la 'Ley Rider', esto es, desde 2018 hasta el 11 de agosto de 2022, como han aclarado desde la compañía, que recurrirá el fallo.

Recuerden, en cualquier caso, cómo, mientras Yolandísima presumía de ley “histórica”, los riders se manifestaban, precisamente, contra la norma porque no querían dejar de ser autónomos: quieren ganar más dinero ahora, no más protección social para mañana. Quieren trabajar y ya se preocuparán de la jubilación cuando sean mayores. En definitiva, la solución no es obligar a las empresas a contratarlos, sino rebajar las cuotas sociales, las más altas de Europa y que estrangulan el mercado laboral de nuestro país.

“Estamos ante una auténtica actuación de falsos autónomos y el peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección”, afirmó este miércoles la vicepresidenta segunda antes de entrar a la sesión de control al Gobierno, en el Congreso. Así las cosas, Glovo tendrá que convertir en asalariados a los 10.600 autónomos que trabajan para ella y, además, pagar una multa de 79 millones de euros.

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