El Banco Santander va a tener que pagar, por ahora, 68 millones de euros a Andrea Orcel por 15 días de no trabajo, según la sentencia del juez Javier Sánchez Beltrán, del juzgado de Primera Instancia de Madrid, dictada este viernes. El banco ha anunciado que la recurrirá. En cualquier caso, los 68 millones están muy lejos de los 112 millones que reclamaba el banquero italiano.

El argumento esgrimido por el juez se resume en una frase de la propia sentencia: “El contrato fue resuelto de manera unilateral e injustificada por parte de Banco Santander”. Pues oiga, mire usted, efectivamente, el contrato fue resuelto de manera unilateral -y menos mal-, pero no fue una decisión injustificada. Ana Botín tenía motivos para hacerlo y de mucho peso.

Orcel es un viejo conocido de los Botín. Don Emilio, padre de Ana, le llamaba cada vez que quería realizar una operación de calado. Pero contaba con él, y confiaba en él, sólo para eso, para buscar la mejor manera de llevar a cabo operaciones corporativas más o menos importantes. Orcel, ni sabe ni le interesa la banca doméstica.

El caso es que, antes de tomar posesión de su cargo, el italiano comenzó a dar señales inequívocas de cuáles eran sus intenciones. Primero, convertir el Santander en un banco de inversión y, segundo, desplazar a Ana Botín convirtiéndola en presidenta no ejecutiva. El primer ejecutivo, con plenos poderes sobre el grupo, sería él, con el apoyo de los fondos de inversión, que tan bien conoce y con quienes mantiene excelentes relaciones.

Las alarmas saltaron cuando Orcel comenzó a tomar decisiones controvertidas y que afectaban, tanto al negocio retail como al equipo directivo del banco. Y todo eso antes de tomar posesión de su cargo que, de hecho, nunca llegó a ocupar. Las dos personas que alertaron a la presidenta, como adelantó Hispanidad, fueron su tío, Jaime Castellanos, y Rodrigo Echenique.

Así, el fichaje de Orcel, anunciado en septiembre de 2018, se truncó antes de llevarse a cabo. El italiano, que tenía previsto incorporarse al Santander el 1 de enero de 2019, nunca llegó a hacerlo y lo que el juez entiende que era el contrato, según la entidad, en realidad era sólo un borrador.

Llama poderosamente la atención, en cualquier caso, la cuantía de la indemnización dictada por el juez. El grueso de los 68 millones, concretamente 35 millones, corresponden a incentivos a largo plazo; otros 17 millones, al bonus de incorporación; 5,8 millones por dos anualidades y los 10 millones restantes por daños morales y reputacionales causados al banquero. Y esto es bello e instructivo, porque sólo dos años después de su no incorporación al Santander, el italiano fichó como CEO de Unicredit a pesar de su maltrecha reputación.