La jefa de la Delegación del Parlamento Europeo que está en España fiscalizando la gestión del Plan de Recuperación, Monika Holhmeier, ha advertido al Gobierno: sigue con dudas sobre el control del destino de los fondos europeos: la reforma de las pensiones no se ha presentado, falta transparencia, sobra burocracia y ha exigido tolerancia cero con la malversación. 

En una rueda de prensa con los medios ha leído una declaración consensuada con el resto de los otros nueve integrantes de la delegación. Por un lado ha cargado contra la reforma de la malversación aprobada por el Gobierno: "se prevén muchas medidas en el Código Penal de tipo penal y administrativo para luchar contra el fraude y la corrupción, medidas que se toman con éxito". Y advertía: "Nosotros opinamos que en un Código Penal no debe haber excepción alguna para ningún supuesto frente a ninguna persona que cometa corrupción", "En el delito de malversación hemos pedido al Gobierno español que desde el punto de vista del control presupuestario nos garantice que se cumpla también en el Código Penal español". Si bien ha reconocido que la Comisión no tiene competencias para actuar en el asunto, sí tiene una exigencia: "Aquí no hemos querido inmiscuirnos en cuestiones del Código Penal español, pero el hecho es que exigimos tolerancia cero, el Gobierno nos ha dicho que sí, que se compromete a que así sea, y ahora vamos a ver que es lo que nos transmite la Comisión Europea porque no somos el órgano competente para determinar eso".

Además, Hohlmeier ha afirmado que no se ha dectatado ningún fraude en los fondos eurpeos en España, aunque ha exigido más transparencia. La presidenta del grupo ha afirmado que no han conseguido obtener del Ejecutivo español datos de ejecución real en términos de contabilidad nacional, datos que no se actualizan desde agosto de 2021. Asegura que siguen sin saber "dónde está el dinero", aunque su tono se ha tornado en más cordial que las declaraciones en días anteriores: "no existe la posibilidad de seguir el rastro de los fondos desde la licitación hasta el beneficiario final". "Es nuestra obligación vigilarlo, es un montón de dinero". 

Según ha explicado Hohlmeier, el Gobierno ha puesto en marcha el sistema CoFFEE y el sistema Minerva para controlar el destino de los fondos, pero ha advertido que son mecanismos "internos", que no se pueden publicar porque contienen datos confidenciales. Por insta al Ejecutivo a que ponga en marcha un sistema público en el que se pueda conocer "quién licita a esos contratos, y quién es el beneficiario final" y que "mejore la transparencia" que le falta a los fondos.

No ha detectado fraude, pero sí ha alertado de un hito que no se ha realizado y que estaba previsto que se presentara a finales del año pasado: la reforma de las pensiones. Hohlmeier ha comentado que ayer la reunión con el Ministro Escrivá se extendió más de lo previsto, es un hito que no se ha cumplido pero confía que el Gobierno está trabajando para llegar a un acuerdo y presentar su reforma: "Ha pedido una prórroga para cumplir con ese hito y tiene tiempo para cumplir con él", sino el Gobierno deberá "afrontar las consecuencias".

Además Holhmeier ha exigido eliminar "procedimientos farragosos y la excesiva burocracia" actual. Ha pedido además que la aplicación de los fondos debe ser "más accesible" y ha resaltado las quejas que han mostrado representantes regionales y empresariales sobre el "exceso de control y de burocracia. Aunque debe de haber un control estricto, los fondos deben llegar de manera rápida, y directa. Se debe evitar la burocracia farragosa que ahora mismo existe, quitar las trabas y dar un acceso rápido y total a pymes y autónomos, que ahora tienen muchos problemas de accesibilidad a estos fondos". Algo que ayer mismo, el presidente de los autónomos Lorenzo Amor denunciaba.