Se cumple una semana desde que el pasado 14 de marzo la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera convocara un paro nacional “indefinido” de “todo tipo de transporte y de toda clase de ámbito”. El Gobierno aseguró que no estábamos ante una huelga, y sostenían que no iban a aceptar chantajes, tachando a los transportistas de "parte minoritaria de ultras, en muchos casos de ultraderecha, que están utilizando actos de violencia para reivindicar".

Al discurso común del Gobierno, se ha unido el secretario general de Comisiones Obreras (CC. OO), Unai Sordo, “No hay ninguna huelga convocada en el sector del transporte”, y concluía, “Hay grupúsculos que quieren apropiarse de la movilización”.

Llama más la atención las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha comprado el discurso del Gobierno, y condena "profundamente todos los actos violentos", que han provocado "una parada generalizada" de otros muchos sectores "causando un daño irreparable". Garamendi, ¿te has enterado de qué va esto?

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez se reunían hoy lunes día 21, con el departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), para buscar una solución al paro.

Pero el presidente de la Plataforma Nacional, convocantes del paro, ha insistido en que el CNTC no representa a los camioneros base, "Esto no se soluciona hablando con el CNTC. Ellos son esa patronal que, sin tener camiones, comercializan las cargas y nos las revenden a nosotros. Son parte fundamental del problema que tenemos, ya que el abuso y la miseria nos viene impuesta por estas grandes empresas que, sin camiones, están adueñadas de las cargas y se refugian en ese CNTC", sostiene Manuel Hernández. El Gobierno rechaza reunirse con ellos, ya que no forman parte del CNTC, que el Ejecutivo considera su único interlocutor válido.

Mientras el paro cuenta cada vez con más apoyos, y los efectos se están notando, como el abastecimiento de ciertos productos.

La ministra Raquel Sánchez, junto con el presidente del CNTC, Carmelo González, tras su reunión han anunciado 500 millones en ayudas directas, así como un acuerdo sobre el que seguirán negociando los próximos días, pero sigue negándose a bajar los impuestos. Por su parte, Sánchez sigue ninguneando a los convocantes del paro, asegurando que no va a sentarse a negociar con ellos y tachándoles de "activistas". Además, el Ejecutivo no concreta las medidas y se limita a dejarlas para siguientes conversaciones y para el Consejo Europeo, y aclara que todas ellas entrarán en vigor el 1 de abril. 

Ya lo dijimos, ¿La solución? Que el Gobierno pague, y no es nada raro. Países como Polonia, Francia, Alemania, Rumanía, Suecia, Irlanda o Portugal ya han buscado medidas.