Josu Jon Imaz ha cargado contra la transición ecológica que se está haciendo tanto en España como en Europa, porque es “ideológica” y no obedece a motivos tecnológicos, en su intervención en el VII Foro de Energía organizado por El Economista. Y esto, en su opinión, hace que no sea una transición, sino más bien una “revolución energética que están pagando familias e industrias”, y propone que se replantee basándose en el principio de la neutralidad tecnológica, es decir, apostando por todas tecnologías.

El CEO de Repsol ha criticado que España, que es un fuerte consumidor de gas, se prohibió la exploración y la explotación de gas en la Ley de Cambio Climático, a pesar de que hay gas (por ejemplo, en Álava y en Burgos); y que en Europa se ha hecho lo mismo. En este contexto de crisis energética, se ha constatado que se tiene que cuidar “la seguridad de suministro”, y para ello “vamos a necesitar petróleo y gas durante décadas e inversiones en renovables”, ha apuntado. Por eso ha pedido que se permita invertir en petróleo y gas, porque sino “los precios van a subir y también aumentarán las emisiones de CO2”: así se ha visto en Alemania, que ha pasado de tener menos gas (por el menor suministro desde Rusia) a quemar carbón. Además, la industria del petróleo y del gas también trabaja hacia la neutralidad de emisiones: por ejemplo Repsol tiene el objetivo de alcanzarla en 2050 y su negocio de exploración y producción (del que ha vendido un 25% al fondo EIG) quiere liderar la reducción de emisiones de CO2 en el sector, con una disminución del 75% en su intensidad de carbono en 2025 respecto a 2016. 

Para Wetselaar (Cepsa) “no es momento de dañar la competitividad de las empresas ni la capacidad inversora”, Guevara (BP) advierte que “se corre el riesgo de matar 'la gallina de los huevos de oro' al espantar las inversiones en renovables” y para Bogas (Endesa) “no tiene sentido poner el punto de vista en los ingresos”

Imaz también ha aprovechado el citado Foro para cargar contra el nuevo impuesto a las energéticas que impulsa el Gobierno una vez más (ya lo hizo en un artículo en El País, apuntando que “no es para los ricos”, va a dañar inversión y empleo industrial). En esta ocasión ha señalado que es el impuesto “de las tres mentiras”, al igual que Aldeanuevo del Ebro es el pueblo de las tres mentiras: “no es un impuesto, sino una prestación patrimonial”, porque si lo fuera sería ilegal al tener “doble imposición”; “no es sobre beneficios, sino sobre ventas”; y “no es sobre algo extraordinario”.

Un rechazo al nuevo impuesto que también han mostrado sus colegas de Cepsa, BP y Endesa. El neerlandés Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa, que ya señaló en una entrevista en El Economista que no lo veía proporcional ni justo ni eficaz y advirtió que ralentizará ritmo inversor y se resentirá el empleo, ha insistido en que España tiene una oportunidad de reindustrializarse con el hidrógeno verde, por lo que “no es momento de dañar la competitividad de las empresas ni la capacidad inversora”. El venezolano Andrés Guevara, presidente de BP en España, ha advertido que se pueden cerrar ventanas de oportunidad en renovables, porque “el impuesto manda una señal negativa y es discriminatorio”, y “se corre el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro al espantar las inversiones en renovables”. Por su parte, José Bogas, CEO de Endesa, ha subrayado que “en la actividad eléctrica no hay beneficios extraordinarios” y que “no tiene sentido poner el punto de vista en los ingresos”.