A la patronal gasista (Sedigas) que preside Joan Batalla no le gusta el nuevo impuesto a las energéticas del Gobierno Sánchez
La patronal gasista, la Asociación Española del Gas (Sedigas), ha rechazado el nuevo impuesto a las energéticas que planea el Gobierno y anunció a bombo y platillo Pedro Sánchez en el Debate sobre el estado de la Nación y que tanto defiende RTVE en el programa ‘La hora de La 1’. Y es que considera que en una coyuntura económica tan delicada como la actual -en la que incluso la Comisión Europea ha rebajado la previsión de crecimiento del PIB español para 2023-, “debería prevalecer la planificación y la prudencia fiscal”.
En un comunicado, tras la reunión que ha mantenido con la vicepresidenta ecológica, Teresa Ribera, junto a la patronal eléctrica (Aelec), Sedigas ha señalado que “la imprecisión de la medida anunciada y la falta de seguridad jurídica dañan la reputación y la credibilidad de nuestro país ante la comunidad inversora”. Además, considera que “una detracción de recursos inesperada en un momento de máxima incertidumbre, y en el que se necesitan inversiones y operadores sólidos para garantizar la seguridad de suministro, no parece la medida más sensata”, añadiendo que el sistema gasista español tiene una relevancia fundamental para Europa en el actual contexto energético.
La patronal gasista subraya que “se desconoce qué entiende por “beneficios” y por “extraordinarios”, qué cálculo se va a emplear, cuál va a ser la base imponible de este nuevo impuesto, qué tipo de gravamen, etcétera, para llegar a las cifras de recaudación anunciadas”
La asociación que preside Joan Batalla ha referido que medidas como el nuevo impuesto “tienen efectos perniciosos y, por tanto, pueden suponer un freno al desarrollo de los planes de inversión de las compañías”, por ejemplo, en gases renovables para facilitar la descarbonización. “Necesitamos medidas de reactivación y protección de la economía, no de penalización o castigo”, ha subrayado Sedigas, que ve “inexplicable y preocupante la retórica beligerante contra las empresas energéticas”. Además, ha añadido que en este momento “se desconoce qué entiende por “beneficios” y por “extraordinarios”, qué cálculo se va a emplear, cuál va a ser la base imponible de este nuevo impuesto, qué tipo de gravamen, etcétera, para llegar a las cifras de recaudación anunciadas”. Recuerden que estas últimas ascienden a 4.000 millones de euros entre 2023 y 2024 (es decir, 2.000 euros por año).