El impuesto a las energéticas será un hecho, al igual que el de la banca y el de las grandes fortunas, con la aprobación de los Presupuestos en el Senado y que llega tras la del Congreso. Ante este hecho, el sector petrolero ha denunciado la incongruencia del Gobierno por penalizarles, desincentivar inversiones y hacer peligrar la transición energética.

Así lo ha traslado en un comunicado la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), formada por energéticas que operan en España en los mercados de refino, distribución y comercialización de productos del petróleo. En concreto, son siete integrantes: la española Repsol, Cepsa (la cual es propiedad del fondo soberano de Abu Dabi y del fondo de inversión Carlyle), la británica BP, la italiana Eni, la portuguesa Galp, la neerlandesa Gunvor (dedicada al comercio, transporte y depósito de productos petrolíferos y otros derivados de la industria petrolera) y la italiana Saras (la cual tiene operaciones en refino de petróleo, comercialización, transporte y generación de energía).

Este nuevo impuesto gravará el 1,2% de la cifra de negocios de las energéticas (incluidas petroleras, eléctricas y gasistas)... para recaudar unos 2.000 millones de euros, un 10% menos de lo que el Gobierno Sánchez preveía en un principio. Y encima llegará cuando previsiblemente finalice la bonificación de 20 céntimos a combustibles (de la que el Ejecutivo aporta 15 y tres petroleras -Repsol, Cepsa y BP- los cinco restantes) aprovechando la moderación del precio del petróleo... y que podría quedarse sólo para el sector del transporte, tras haberse prolongado del pasado 30 de junio al próximo 31 de diciembre. Además, Sánchez y compañía han estado todo el tiempo en que el petróleo estaba caro sin afrontar ninguna rebaja ni el Impuesto de Hidrocarburos ni el IVA (algo que sí han hecho otros países, por ejemplo, Polonia) para hacer más asequibles los precios de la gasolina y el gasóleo pues suponen cerca del 50% de estos precios. ¡Ole!

La AOP recuerda que “este activo estratégico, a diferencia del resto de países europeos, es fruto de las inversiones hechas a riesgo y sin ayuda gubernamental que hoy permiten a España tener garantía de suministro”: aporta 19.500 millones en exportaciones, el 54% de la energía final total del país, paga más de 20.500 millones en impuestos y sostiene más de 200.000 empleos

La AOP ha señalado que el nuevo impuesto es una “forma de castigar a un sector que es estratégicamente clave y que ha prestado su ayuda siempre que se le ha requerido y en momentos tan duros como la crisis sanitaria o la invasión de Ucrania”. Denuncia que este gravamen temporal “penaliza al sector del refino y es incongruente” con la política del Gobierno, al no favorecer la transición energética, y considera que “penaliza y desincentiva la inversión de las compañías en España, así como el empleo en el sector”. Asimismo, recuerdan que dicho sector “ha sido crítico para garantizar la seguridad de suministro en España y para contribuir a paliar el incremento de los precios de la energía tras la invasión de Ucrania” y que hasta el Gobierno refirió que era “único en Europa” en su Plan +Seguridad Energética. La AOP recuerda que “este activo estratégico, a diferencia del resto de países europeos, es fruto de las inversiones hechas a riesgo y sin ayuda gubernamental que hoy permiten a España tener garantía de suministro” y algunas de sus relevantes cifras: aporta 19.500 millones en exportaciones, el 54% de la energía final total del país, paga más de 20.500 millones en impuestos y sostiene más de 200.000 empleos.

Y por cierto, el Gobierno debería tener en cuenta que en 2020, con el Covid, las integrantes de la AOP “mantuvieron en funcionamiento las refinerías y abiertas las estaciones de servicio, sosteniendo las pérdidas extraordinarias derivadas del cese casi total de la movilidad”. “Unas pérdidas que aún no se han recuperado, pese a ser acusados de obtener beneficios extraordinarios”, han subrayado. Ante la invasión de Ucrania, han colaborado en mitigar las consecuencias poniendo parte de la bonificación de 20 céntimos que muchas compañías han complementado con “significativos descuentos adicionales” a través de programas de fidelización. Y a pesar de todo, “no han cesado las inversiones en el desarrollo de nuevas tecnologías, como el hidrógeno verde o las de los ecocombustibles, con el empleo que estas conllevan”, las cuales “se han realizado gracias a inversiones realizadas a riesgo por nuestras asociadas, ya que desde la Administración ni tan siquiera se ha brindado una senda clara del papel de nuestro sector en la transición energética”.