Los March, que suelen tener mucha paciencia con sus inversiones, se han cansado del Gobierno y abandonan INDRA después de doce años en la empresa
La ‘movida’ desatada en INDRA tras el cese de Fernando Abril-Martorell y el nombramiento de Marc Murtra como presidente no ejecutivo -después de intentar que fuera ejecutivo- se ha cobrado una nueva víctima: Corporación Financiera Alba, vehículo inversor de la familia March, que en la tarde del martes anunció la venta del 5% de su participación. Y tras los March, muchos inversores han tomado el mismo camino y la cotización de la compañía se ha desplomado más de un 11% este miércoles. Si los March se marchan… desconfía.
El comprador ha sido SAPA, empresa guipuzcoana de la familia Aperribay -Jokin Aperrabay es el actual presidente de la Real Sociedad- dedicada a la fabricación de sistemas de propulsión de vehículos militares y sistemas de gestión de energía, que ha pagado unos 90 millones de euros.
Esto es importante, porque SAPA, con sede en Andoain (Guipúzcoa), es uno de los socios de Bain Capital en ITP -el otro es JB Capital, de Javier Botín-, lo que sin duda acerca la entrada de INDRA en el capital de ITP. Recuerden que esa fue la razón por la que el Gobierno de Pedro Sánchez destituyó a Abril-Martorell: se negó a comprar la filial de Rolls-Royce porque pedían demasiado (1.600 millones de euros).
Y recuerden también que el verdadero interesado en que ITP mantenga su sede en el País Vasco es el PNV. Y Sánchez, a pesar de que ya no necesita al PNV tras su acuerdo con Bildu para aprobar los Presupuestos, no quiere enemistarse con el partido de Urkullu… por si acaso.
Todo encaja en el puzle que persigue el Gobierno, pero en el que no quieren participar los March a pesar de que tampoco han destacado por su oposición al candidato de la SEPI, Murtra.
Lo cierto es que la salida de los March, que han renunciado al consejero y que todavía tienen un 3,2% de INDRA que venderán en cuanto puedan, coincide con un momento convulso desde el punto de vista de la gobernanza, con dos consejeros delegados en disputa: Cristina Ruiz, CEO de Minsait, e Ignacio Mataix, CEO de Transporte y Defensa, que estuvo en el alambre pero que ahora, tras cambiar de bando y apoyar la entrada de la compañía en ITP -el vicepresidente Alberto Terol le considera un traidor-, ha logrado mantener su puesto. En cualquier caso, dos CEOs son inviables si el presidente no es ejecutivo y no manda sobre ellos.