La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en el primer trimestre hasta el máximo histórico de 1,535 billones de euros, según el Banco de España. 

En el último año la deuda pública ha aumentado en 81.446 millones de euros, es decir, un 5,6%. Y respecto a 31 de diciembre de 2022, la deuda ha crecido en 32.761 millones de euros, un 2,2% más. 

No obstante, en relación al PIB, la deuda se ha quedado en este primer trimestre en el 113% frente al 113,2% del trimestre anterior y frente al 117,4% del primer trimestre de 2022. 
 
Cabe recordar que el objetivo del Gobierno en cuanto a la deuda pública para todo el año se sitúa en el 111,9%, según lo remitido a finales de abril por el Ejecutivo a Bruselas en el Plan de Estabilidad 2023-2026. Ese mismo plan contempla -siempre según los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez- una disminución paulatina de la deuda en relación al PIB: hasta el 109,1% en 2024. En 2025, la previsión es que caiga al 107,9% y en 2026 al 106,8%.

Cabe recodar que el Ejecutivo comunitario va a imponer a partir de 2024 la vuelta progresiva a las normas fiscales comunes -congeladas desde 2019 debido a la pandemia- que fijan un máximo de déficit público del 3% del PIB y una deuda del 60% del PIB. 

Todo esto se resume en la irresponsable política de endeudamiento de Sánchez que, si no sale elegido presidente del Gobierno tras el 23 de julio, dejará al siguiente Ejecutivo un marrón de considerables proporciones

Recientemente, Bruselas clasificaba a España como país de "alto riesgo" a medio plazo por la elevada deuda pública. La clasificación tendrá un papel determinante a la hora de fijar la cuantía del ajuste presupuestario exigido por la UE en 2024, según publicó Invertia. 

En ese sentido, según informa hoy El Mundo, el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, ha pedido un ajuste que desborda el último plan presentado por el Gobierno a la UE. Lindner acepta dar más tiempo que en las reglas actuales a los países para bajar la deuda al 60% del PIB, pero siempre que haya una senda anual clara y vinculante.

Lindner es partidario de reformas que aseguren poner orden en las cuentas públicas: «Un marco fiscal reformado debería garantizar la reducción de los ratios de deuda. Para ello, debería introducirse una cláusula de salvaguardia. Independientemente del resultado de las negociaciones sobre los programas presupuestarios, esta cláusula debería fijar un límite vinculante para la reducción necesaria de la ratio de deuda de una magnitud apreciable en cada año». 

Ese límite que piden es el 1% «en tiempos ordinarios para la economía», subraya un portavoz oficial del Ministerio a El Mundo, que matiza que Lindner se mantiene abierto para negociar otros listones «cuando concurran circunstancias excepcionales».

Y todo esto se resume en la irresponsable política de endeudamiento de Sánchez que, si no sale elegido presidente del Gobierno tras el 23 de julio, dejará al siguiente Ejecutivo un marrón de considerables proporciones, pues este se verá obligado a duros ajustes y quién sabe si a nuevas subidas de impuestos…