Decíamos en Hispanidad que España está exprimida por los fondos de inversión, ahora a cuenta de los laudos de renovables, que ya están provocando embargos de activos ajenos. Y ojo, porque EEUU, aún bajo las riendas de Joe Biden, se ha puesto del lado de los fondos… y reclama 359 millones de dólares (unos 325 millones de euros) a nuestro país.

Conviene recordar que el tema de los laudos de renovables lleva años coleando y dañando la reputación de España, por culpa del PSOE, a pesar de que Teresa Ribera, la vicepresidenta ecológica, se empeñe en echársela al PP. Todo empezó siendo presidente el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que a través de sus dos primeros ministros de Industria, Comercio y Turismo -los socialistas catalanes José Montilla y Joan Clos- decidió dar unas generosísimas primas a las renovables garantizando a los inversores una rentabilidad del 22% a 50 años. Así disparó el déficit de tarifa a casi 30.000 millones de euros, que cerró 2023 en 7.866 millones, y aún tardaremos años en acabar de pagar (se prevé que suceda en 2028), pero también hay que tener en cuenta que el coste medio de dicha deuda para este año será del 2,44%, frente al 2,042% del año anterior, en parte por la subida de los tipos de interés, y encima hay que pagar intereses. Cuando el socialista Miguel Sebastián relevó a Clos como ministro, se dio cuenta del desastre de ZP y comenzó a recortar las primas a las renovables en 2010. Tras el cambio en La Moncloa un año después con la llegada del pepero Mariano Rajoy, el relevo pepero de Sebastián, José Manuel Soria, insistió en recortar fuertemente dichas primas en 2013, bajando la rentabilidad que se garantizaba a los inversores al 7,398%. Además, el Tribunal Supremo subrayó que la rentabilidad no podría ser del 22%, sino del 7-9%, pero esto no paró que fondos y compañías procedieran a reclamaciones milmillonarias a través de laudos internacionales contra nuestro país.

En laudos de renovables, España debe ya unos 1.560 millones de euros (que ascienden a 1.875 millones si se suman las condenas en costas, los intereses de demora y otros sobrecostes)... mientras sigue pagando el elevado déficit de tarifa, que cerró 2023 en 7.866 millones

Y de aquellos barros estos lodos, porque ahora el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, es decir, el tribunal de Washington D. C. (la capital federal de EEUU) se ha puesto del lado de los reclamantes (en su mayoría fondos y algunas empresas). En concreto, ha confirmado la validez de los laudos presentados por Nextera, 9REN y AES (el cual ha sido asumido por el fondo Blasket Renewable Investments) que alcanzan un valor de unos 325 millones de euros. Y ojo, porque su sentencia señala que estos laudos otorgan a los tribunales federales la jurisdicción para hacerlos cumplir. Un fallo que, ojo, podría sentar precedente… y abrir la vía a nuevos embargos.

En el entretanto, Teresa Ribera permanece callada al respecto. De hecho, sólo ha interrumpido sus vacaciones para ver los daños que ha causado la DANA en Menorca hace unos días. Los reclamantes llevan tiempo pidiendo una salida negociada a Ribera, pero aún no se ha producido. 

Recuerden que hace un tiempo, Ribera acertó al secundar a Italia y Polonia, iniciando la la salida de la Carta de la Energía,… y el verano pasado sumó el apoyo de toda la Unión Europea. De esta forma, los 27 Estados miembros dejarán este Tratado que sienta las bases para que las inversiones energéticas se hagan con seguridad jurídica y en el que se apoyaban las demandas que los fondos interpusieron contra España por el recorte de las generosísimas primas a renovables. Sin embargo, parece que el proceso va más lento que las cosas de palacio… El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ha indicado que la reclamación de los tres laudos se remonta a cuando España aún era firmante del Tratado de la Carta de la Energía.

Relacionado

Nuestro país acumula no sólo laudos en contra, sino otros favorables, aunque todos han sido recurridos por la Abogacía del Estado; e incluso hubo un cambio en la jurisprudencia de las cortes arbitrales y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) -organismo de arbitraje que depende del Banco Mundial- dio el visto bueno a la reforma Soria y señaló que cuando España redujo la rentabilidad de las renovables no hizo ninguna ilegalidad y lo hizo en defensa del interés público y en circunstancias extraordinarias. Sin embargo, esto no ha impedido que haya fallos en contra… y que España ya deba unos 1.560 millones de euros (que ascienden a 1.875 millones si se suman las condenas en costas, los intereses de demora y otros sobrecostes), lo que ha dado pie al inicio de embargos del Estado español, incluso de algunos ajenos al sector energético.