En más de una ocasión hemos referido que la energía verde del PSOE nos está saliendo carísima a los españoles. Principalmente, por las generosísimas primas a las renovables que dio José Luis Rodríguez Zapatero, que dispararon el déficit de tarifa a casi 30.000 millones de euros y aún tardaremos años en liquidar (cerró en 12.182 millones en 2021 y hay que abonar intereses); y después, porque el recorte de dichas primas -primero por el ministro socialista Miguel Sebastián en 2010 y luego por el popular José Manuel Soria en 2013- provocó que llegaran reclamaciones milmillonarias de fondos y compañías en laudos internacionales. Ahora, en relación a estos últimos, llega una pequeña alegría: España ha iniciado la salida del Tratado sobre la Carta de la Energía, en el que se apoyaban muchas de las demandas de los inversores.

Una decisión acertada por parte de la vicepresidenta ecológica, Teresa Ribera, que avanzó el diario Politico y han confirmado fuentes oficiales a EFE. Nuestro país sigue los pasos recientes de Polonia y también de Italia, que dejó dicho Tratado en 2016, y en plenas negociaciones para su actualización. Al parecer esta no se consideraba lo suficientemente ambiciosa para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París de 2015... y Ecologistas en Acción ha aplaudido que España haya iniciado un adiós que reclamaba al Gobierno desde hace años junto a otras organizaciones ecologistas.

El Tratado sobre la Carta de la Energía es un acuerdo internacional firmado por varios países en 1994, que exige un tratamiento justo y equitativo a todos los inversores en un Estado firmante. Precisamente, en este se habían apoyado muchas demandas en los laudos internacionales. Recuerden que España es uno de los países con mayor número de laudos, en los que le reclaman unos 10.000 millones: hace algo más de un año, las reclamaciones ascendían a más de 7.700 millones, con 48 procesos arbitrales abiertos (29 están pendientes de resolución y 19 en fase de anulación o de anulación y ejecución). De estos últimos, seis habían sido favorables a los intereses de España y sumaban unas indemnizaciones reclamadas de 990,68 millones: las cuatro victorias en los casos de Charanne y Construction Investment, Hydro Energy, Isolux Infr Netherlands y Statdwerke Munchen y otros; la desestimación del de Solarpack; y la anulación del de Eiser Infrastructure.