La pepera María Guardiola insiste en mostrarse contraria al cierre de la central nuclear de Almaraz, la primera víctima de un calendario que impulsó Teresa Ribera y que, por ahora, su relevo en el Gobierno, Sara Aagesen, no parece que vaya a rectificar. La presidenta de la Junta de Extremadura ha remarcado que “no existen razones técnicas ni objetivas para este apagón”, en su reunión con la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC). 

De hecho, la central de Almaraz ha sido reconocida, recientemente, como una referencia mundial. La Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés) la ha situado en un selecto grupo de centrales que ya cumplen los cinco objetivos que dicha Asociación se ha marcado para 2030: se sitúa en el nivel 1 (entre las 11 primeras de un total de 65 centrales afiliadas), no ha registrado ningún suceso significativo ni ninguna degradación o declive no esperado, y se mantiene en un indicador WANO Index superior al 80%. La sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) ha subrayado que la central extremeña se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando, incluso hasta los 80 años de vida útil (que cumpliría en 2063), y además, su gemela, la central de North Anna (Virginia, EEUU), tiene licencia para operar 80 años.

Almaraz emplea a unas 3.000 personas en la central y su zona de influencia, a las que se suman otras 1.200 personas en cada recarga de combustible. Eso sí, no hay que olvidar que soporta una carga fiscal de unos 450 millones de euros al año, tras la subida de la tasa Enresa en un 30%, un último ‘regalo’ de Ribera meses antes de irse a Bruselas para ejercer de vicepresidenta europea, donde deberá defender la nuclear, una energía que no emite CO2, genera electricidad de forma estable, garantiza el suministro eléctrico y es el mejor complemento de las energías renovables.

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Guardiola ha subrayado que “el plan de cierre de las nucleares no solo afecta a un pueblo, una comarca, una provincia o una región como la nuestra, sino también a la soberanía energética del país, al desarrollo industrial de Extremadura y de otras regiones”. Unas palabras que van en la misma línea de las pronunciadas por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura, Mercedes Morán, unas semanas atrás. Y ojo, conviene recordar las afirmaciones de ambas políticas justo cuando ha habido dos días consecutivos de cortes de luz a la gran industria por parte de Redeia para evitar apagones, y es que las centrales de gas que sirvieron de apoyo (ante la menor generación renovable y nuclear -algo temporal, debido a la central de Ascó, cuya Unidad 1 está en parada por la recarga y la Unidad 2 también por una reparación-) no fueron suficiente para garantizar el suministro. 

 

El Gobierno Sánchez debería tomar nota, pues se está viviendo un renacimiento nuclear en casi todo el mundo y Alemania ha cometido un tremendo error al cerrar sus centrales (está quemando mucho más gas y 'hasta carbón!, disparando sus emisiones de CO2 y el precio de la electricidad). Asimismo, hasta el progre Lula da Silva apuesta por la nuclear. Y cada vez son más las voces en contra del adiós nuclear en España y partidarias de la prórroga de su vida útil: a la Cámara de Comercio de EEUU en España, se suman Foment del Treball, la Comunidad de Madrid, la consultora PwC, Foro Nuclear (asociación que representa a la industria nuclear española), el exministro socialista Jordi Sevilla desde LLYC, Fedea, el PP... 

Hace unos días, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, insistió en defender el mantenimiento de la nuclear. Semanas atrás, lo hizo aludiendo a la soberanía energética pidiendo a Aagesen “dar marcha atrás y alargar la vida útil de las nucleares”, y más recientemente, ha subrayado que “un cierre prematuro provocaría 28 millones de toneladas adicionales de CO2, equivalente a unos tres años de emisiones medias en España”. Además, no hay que olvidar que las centrales de Almaraz y Trillo aportan más del 40% del consumo energético de la Comunidad de Madrid.