El 'efecto Ferrovial' cunde en España y cada vez son más las empresas que trasladan actividad e inversiones fuera
En España se está viviendo un contexto un tanto peculiar en el tercer mandato de Pedro Sánchez que llevamos. De hecho, se puede empezar a hablar del ‘efecto Ferrovial’, porque cada vez son más las empresas que se van, de una u otra manera, unas más a lo bestia (como lo hizo la compañía que preside Rafael del Pino) y otras con algo menos ambición y más disimulo al trasladar inversiones o algunas partes del negocio o de la actividad (como ha hecho Coca-Cola Europacific Partners).
Recuerden que a Pedro Sánchez le gustan mucho más las multinacionales extranjeras que las empresas españolas. Tampoco ha tenido ningún reparo en ceder a los chantajes de las primeras dándoles más ayudas para que mantuvieran o aumentaran su presencia aquí, como se ha podido ver con Volkswagen, Stellantis, ArcelorMittal y Siemens Energy, entre otras. Eso sí, al mismo tiempo ha lanzado dos impuestos injustos contra banca y energéticas, ha aumentado el salario mínimo -que supone elevar las cuotas sociales- perjudicando aún más la contratación por parte del empresario... y engordando más las arcas públicas que tutela la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús (Marisu) Montero, y manteniendo el liderazgo en paro en la OCDE y en la UE, a lo que se suma la última gran idea de Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral y cobrar lo mismo sobre la que ya le han advertido algunos expertos porque aumentará el desempleo y afectará a la productividad.
La CEOE ha instado a evitar la adopción de medidas que encarezcan aún más los costes para las empresas e introduzcan una mayor incertidumbre, ante la desaceleración de la actividad económica y la evolución de la inflación previstas para este año, tras valorar el último dato sobre el IPC. La patronal empresarial que preside Antonio Garamendi ha hecho dicha petición tan sólo un día después de que Antonio Huertas, presidente de Mapfre, subrayara que “la seguridad jurídica es fundamental” y que “los marcos estables para generar inversión”.
Ahora en este contexto y teniendo en cuenta el ‘efecto Ferrovial’, cobra más relevancia el último paso de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP). La ‘megaembotelladora’ que preside Sol Daurella ha anunciado que lanza un ERE que afectará a 85 trabajadores en España, concretamente en Madrid y Barcelona, para centralizar el servicio de la relación con los clientes en Bulgaria. Al parecer, lo hace por causas organizativas, pero seguramente también porque en dicho país tenga menores costes, y el sindicato CSIF ha pedido diálogo y que se potencien las salidas voluntarias y las prejubilaciones. Y ojo, la cifra es pequeña, pero supone que la embotelladora vuelva do solía: en 2014, cuando era Coca-Cola Iberian Partners (sociedad que agrupaba a los antiguos siete embotelladores del famoso refresco en España y que hoy está dentro de CCEP) lanzó un ERE que supuso 821 despidos y el cierre de las plantas de Colloto (Asturias), Alicante, Palma de Mallorca y Fuenlabrada -este último abrió un largo conflicto laboral que al final se cerró en noviembre de 2018 vía prejubilaciones-. A estos recortes les siguieron: el cierre de la fábrica de Málaga en octubre de 2020, llegando a un acuerdo con 78 empleados fijos vía prejubilaciones, indemnizaciones o recolocaciones en la fábrica de La Rinconada (Sevilla); y al inicio de 2021 un nuevo ERE para 360 empleados de las áreas de comercial, atención al cliente e informática también a través de bajas incentivadas y prejubilaciones mayoritariamente, pues al final sólo hubo 6 despidos.
Aludir a causas organizativas vuelve a dejar entrever la caradura de Daurella y más cuando no hace otra cosa que engordar el tamaño de CCEP (de ‘megaembotelladora’ europea ha pasado a europacífica, tras comprar la de Filipinas) y el dividendo, y le está yendo bien en ingresos... por la subida de precios. Asimismo, a la multinacional de Atlanta, que es accionista de CCEP, le ha ido mucho mejor que a su gran rival, PepsiCo, en 2023. Pero ojo, ha crecido al 21,9% el rechazo de los accionistas a que la familia Daurella gane más poder sin lanzar una opa en CCEP.
Ahora esta ‘megaembotelladora’ se lleva parte de su actividad de España a Bulgaria, lo que supone una de las formas por las que pueden optar las empresas para materializar su marcha de nuestro país, pero no la única. Ferrovial fue el más duro, pues optó por marcharse de hecho, al trasladar su sede social a Países Bajos y además quiere cotizar en Wall Street. Claro que otras muchas empresas se han llegado a plantear una marcha de derecho, es decir, invertir más fuera de nuestro país. Santander, BBVA, Iberdrola y Repsol... están tentados de seguir los pasos de Ferrovial, aunque unas lo hayan dicho abiertamente y otras no pero lo hayan pensado.
Las empresas se pueden marchar de hecho (decidiendo trasladar su sede) o de derecho (invirtiendo más fuera de España)
Iberdrola llegó a pensar en hacer lo mismo que Del Pino, pero eligiendo Londres (algo que el PNV le prohibió), claro que preparó los mimbres: ha montado una estructura jurídica y societaria muy movible con la que en cualquier momento puede irse, incluso dejando la sede social en Bilbao. Tampoco hay que olvidar que Ignacio S. Galán es uno de los que más ha aludido a la falta de seguridad jurídica... Otro ejemplo se ve en Repsol, que ha llegado a amenazar al Gobierno en relación a las inversiones en futuros proyectos industriales en España por la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal; y es más, su CEO, Josu Jon Imaz, señaló que van “a aprovechar el apoyo regulatorio estadounidense”; y el presidente, Antonio Brufau, advirtió que si no hay “estabilidad jurídica y fiscal”, las inversiones de 1.500 millones de euros previstas para impulsar el hidrógeno renovable se irán a “Portugal o a Francia”. Desde Endesa, el CEO, José Bogas, también ha avisado que “con normalidad fiscal, regulatoria y política” invertirían más. Y el CEO de Stellantis, Carlos Tavares, ha advertido de que podrían llevarse inversiones a Marruecos, si no les ayudan los gobiernos español e italiano.
En el entretanto, también han surgido particulares y pymes que se están yendo a Portugal por mayor seguridad jurídica. Asimismo, en el sector de los laboratorios farmacéuticos hay algunos que no quieren vender a nuestro país: no les gusta el negocio cautivo de que los precios de los medicamentos esenciales sean tasados por la Seguridad Social... y empieza a haber problemas de desabastecimiento. Además, 1.550 sicavs se han disuelto o han huido de nuestro país por el último golpe fiscal del Gobierno, aunque un 80% se han reconvertido.
