Merlin Properties ha visto caer en un 28,5% su beneficio en el primer trimestre de 2023 respecto al año anterior, alcanzando los 66,2 millones de euros, como consecuencia directa de un efecto contable derivado de la variación del valor razonable de los activos financieros ante la cobertura de los tipos de interés, que en este caso ha perjudicado a la socimi según ha informado la compañía a la CNMV. En concreto, la socimi estima el impacto en 250 millones de euros que se restan al beneficio operativo, frente a los cerca de 200 millones que sumó por este mismo concepto el año pasado.

Más allá de ese efecto contable, la compañía ha señalado la buena marcha del negocio, con un aumento de las rentas por alquiler del 7,5%, lo que supone 119 millones de euros, gracias a la inflación y a la subida de las rentas en las renovaciones, además, en el caso de las oficinas, han experimentado un crecimiento en la ocupación de sus activos. Por su parte, el negocio de logística se impulsó un 4,3% a pesar de registrar una leve caída en la ocupación. 

En cuanto a los centros comerciales, la ocupación ha continuado creciendo y se sitúa en el 95,8%, al tiempo que las ventas de los locales se dispararon un 16,4% y las afluencias un 5,1%, alcanzando niveles anteriores a la pandemia, lo que supuso que las rentas que la socimi obtiene por estos alquileres hayan crecido un 10,8%. Además, Merlin anunció hace más de un año una nueva línea de negocio, la de los centros de datos, las obras ya están casi en fase de acabados y se prevé la entrega de los tres activos en el segundo semestre del año. La compañía ha señalado que la pre-comercialización ha ido más rápido de lo esperado y se han emitido órdenes de equipamiento para pasar de 9 MW a 15 MW de forma inmediata.

Pese a la buena marcha, el resultado operativo fue de 75,3 millones de euros, un 5,6% inferior, aunque si se saca la cartera de oficinas de BBVA vendida el año pasado, este dato aumentaría en un 20,3%. El resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 7,7%, hasta los 90,4 millones de euros.

Otra buena noticia para la socimi es la reducción de su deuda, objetivo que ya anunció en la Junta de Accionistas del pasado año. El nivel de endeudamiento baja hasta el 32,5% debido a la retención de caja y al programa de desinversiones de activos no estratégicos, lo que hace que la deuda financiera neta esté en 3.792 millones de euros, con un valor de sus activos de 11.381 millones y una liquidez de 1.921 millones de euros.

El consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, concedía en paralelo a la presentación de resultados una entrevista a El Mundo, donde aseguraba que la socimi no invertirá en España "con la actual regulación", ya que "sería meterse en un mercado donde se regula de forma improvisada y cambiante, que genera unas condiciones de gestión de negocio muy difíciles". Dejando claro que la nueva Ley de Vivienda les hace permanecer alejados del mercado residencial. 

Merlin no invirte en vivienda desde 2018: Clemente explica al medio que la decisión se tomó "durante la moción de censura", con motivo de la sensación de "incertidumbre". Pero el CEO cuenta que el un reunión con el Gobierno les pidieron que volvieran: "es como si un cónyuge maltrata a otro y luego le dice que le quiere".

"Las empresas inmobiliarias nos sentimos agredidas por el Gobierno y bastante nos ha costado alejarnos, como para que nos pidan que volvamos". "Lo que toca es salir de la vivienda y dedicarte a otros activos en los que sigan siendo vigentes los principios del código civil y si me apura, del derecho romano clásico",

Para Clemente, la vía de prohibir "no suele ser efectiva, como se ha demostrado ampliamente", por ejemplo, "en el experimento que se ha hecho" en Cataluña, donde se han incrementado "las transacciones en negro" o "los alquileres vacacionales".

Respecto a la Ley de Vivienda, asegura que "no está de acuerdo", ya que "las regulaciones del libre mercado por gente que no es especialmente experta en lo que legisla suelen ser una mala receta". Además, reconoce su preocupación por el "fenómeno de banalización del derecho a la propiedad que se está produciendo en España y en algunos otros países".