Para Pedro Sánchez, la nueva gigafábrica de baterías de litio para coches eléctricos que se levantará en Navalmoral de la Mata (Cáceres) es el “mejor ejemplo” de la reindustrialización e inversión extranjera. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque ha olvidado las ayudas públicas que ha recibido este proyecto. Este lunes ha puesto la primera piedra del mismo, al igual que hizo tiempo atrás con el de la gigafábrica de baterías liderado por Volkswagen en Sagunto (Valencia) y que también ha recibido dinero público. 

De hecho, de los 1.000 millones de euros de inversión inicial de la compañía china Envision y la española Acciona Energía, un 30% (es decir, 300 millones) viene de los fondos europeos: en concreto, 200 millones vía subvenciones y 100 millones en préstamos que deberán devolverse a través del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC) II, en la línea de baterías. Hace un tiempo, cuando se presentó el proyecto de la citada gigafábrica, se refirió que Envision aportaría el 89% de la inversión y Acciona Energía, que se encargará de proporcionar la electricidad necesaria con una planta fotovoltaica, el 11% restante. Además, cabe recordar que en aquel momento se habló de una inversión total de 2.000 millones y de la creación de 2.500 puestos de trabajo (900 de ellos en la etapa inicial) hasta 2030.

Para el presidente del Gobierno se trata de un ejemplo de la “mejor política, que genera empleos de calidad, transforma un territorio y le brinda un futuro lleno de oportunidades”, pese a que España lleva tiempo siendo líder en paro dentro de la UE (27 Estados miembros) y de toda la OCDE (38 países)

Sánchez ha destacado que es un ejemplo de la “mejor política, que genera empleos de calidad, transforma un territorio y le brinda un futuro lleno de oportunidades”, pese a que España lleva tiempo siendo líder en paro dentro de la UE (27 Estados miembros) y de toda la OCDE (38 países). Por si esto no fuera suficientemente descarado ha presumido de que supone una “victoria contra la deslocalización y contra el declive industrial”. Asimismo, ha agradecido a Automotive Energy Supply Corporation (AESC), la empresa controlada por Envision, su trabajo para sacar adelante un proyecto que “traerá progreso, riqueza y empleo” a Extremadura.

El presidente del Gobierno ha subrayado que “nuestro país es una gran potencia en el sector del automóvil” y que han destinado 5.000 millones en las distintas convocatorias del PERTE VEC, que movilizarán recursos por casi 24.000 millones en total. Eso sí, ha olvidado que hace unas semanas el presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, dimitió como presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) por la “inacción” del Gobierno y las falsas promesas sobre el coche eléctrico, y además, la extensión del plan de ayudas Moves III ha llegado con retraso y no será suficiente para cumplir el objetivo anual del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de 280.000 vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables). Y ojo, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado que el PERTE VEC IV estará dotado de 1.250 millones. Suma y sigue. 

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Recuerden que los Entrecanales tampoco impulsan la ‘marca España’, pues decidieron unirse a la china Envision para la citada fábrica de baterías en Extremadura, pero despreciaron a la española Phi4Tech. A través de Acciona Energía, controlada en un 82,632% por Acciona (que en un 55% es propiedad de las dos ramas familiares -los Entrecanales Domecq y los Entrecanales Franco-), colaborarán proporcionando energía a los chinos para que fabriquen baterías para los coches eléctricos a costa de dinero público europeo, justo cuando la Unión Europea ha aprobado aranceles a los coches eléctricos chinos durante cuatro meses. 

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Y ojo, Sánchez ha sido recibido con abucheos e insultos por parte de los trabajadores de la central nuclear de Almaraz. No hay que olvidar que el Gobierno (especialmente, la vicepresidenta ecológica, Teresa Ribera) insiste en cerrar las centrales nucleares españolas entre 2027 y 2035, siendo la extremeña la primera en hacerlo, a pesar de que emplea a 2.900 personas y con sólo 50 millones de inversiones al año (las cuales no corren a cargo de dinero público de españoles y del resto de miembros de la UE, sino de sus propietarias -Iberdrola, Endesa y Naturgy-), está en excelentes condiciones para seguir operando muchos años más. Asimismo, no hay que olvidar que el Gobierno en lugar de ayudar a estas centrales que generan electricidad de forma estable sin emitir CO2, prefieren ponerle palos en la rueda y aumentar su asfixiante carga fiscal (el último movimiento en este sentido ha sido la subida de la tasa Enresa en un 30% desde el día 1 de este mes). Ahora el PP, por fin, defiende la energía nuclear: exige ampliar la vida de las centrales y evitar sus cierres a través de una proposición no de ley, pero no sabemos si tendrá o no éxito.