El movimiento en defensa de la energía nuclear continúa creciendo en España, mal que le pese a Teresa Ribera. Ahora es el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), a través de su grupo de expertos de la Comisión de Energía, el que pide que se amplíe la operación de los siete reactores españoles para mantener el mix energético actual, donde aportan alrededor del 20% de la producción eléctrica.

Dichos expertos se muestran a favor de mantener una energía que no contribuye al cambio climático porque no emite CO2 y cuya “inclusión en la taxonomía verde europea está animando a inversores y empresas a apostar por este tipo de energía”, ha apuntado Jaime Segarra, presidente de la Comisión de Energía del COIIM. Asimismo, subraya que el debate energético “no debería ser ideológico” porque “la energía nuclear ofrece electricidad de base, de forma estable y no emite gases de efecto invernadero”. Eso sí, cree que hay dos aspectos que preocupan a la opinión pública especialmente -la seguridad y los residuos-, aunque no haya razones en lo relativo a lo primero y las nucleares españoles no estén teniendo los problemas de las francesas porque aunque su diseño es similar no se fabricaron igual, según refirió Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, a principios de mes. Respecto al tema de residuos, el Gobierno ha descartado la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), como se recoge en el borrador del VII Plan General de Residuos Radiactivos, optando por una solución mucho más cara (siete Almacenes Temporales Descentralizados -ATD-) hasta que llegue el almacenamiento definitivo con el Almacén Geólogico Profundo (AGP).

Al igual que Araluce, los expertos del COIIM ha referido que “el año 2024 podría ser un punto sin retorno para decidir si se acomete la ampliación de la vida de las centrales nucleares”, en concreto para la de Almaraz, que será la primera en cerrar si no se revisa el calendario acordado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Asimismo, consideran que la mejora de la transparencia como uno de los aspectos adicionales a tener en cuenta: “Hay que trabajar en el conocimiento que tienen los españoles sobre la energía nuclear para que se disipe la desconfianza que puede transmitir esta tecnología”, afirma Segarra. Al mismo tiempo, creen que hay que reforzar la valoración pública del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como regulador independiente que vela por la seguridad de nuestras centrales, y aclarar la viabilidad económica de dichas instalaciones con sus propietarios, “garantizando un beneficio razonable e independiente de los vaivenes políticos y del mercado”. Algo que va en la misma línea de lo que ha pedido Araluce, pues aunque “ahora no están perdiendo dinero (como otros años), tampoco nos estamos forrando”, por los elevados impuestos que sufren, los cuales representan el 40% de los costes. Y para garantizar dicho beneficio razonable, los expertos del COIIM proponen un PPA asegurado hasta el cierre definitivo, que permitiría seguir recaudando la cantidad requerida para el tratamiento de los residuos y el desmantelamiento antes del año 2100.

Y es que la nuclear en nuestro país afronta un elevado número de impuestos y tasas, incluyendo algunos autonómicos, y algunos redundantes, veánlo

  • Tres de ámbito estatal: 
    • Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado
    • Impuesto sobre la producción de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica (residuos de baja y media actividad)
    • Tasa Enresa
  • Otros tres de ámbito autonómico que son las llamadas “ecotasas”:
    • Impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente en Extremadura 
    • Impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente en Comunidad Valenciana
    • Impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente en Cataluña 
  • Y otros de ámbito local y otras tasas y tributos: 
    • Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
    • Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
    • Tasa por la prestación del servicio de la Guardia Civil
    • Tasa por servicios prestado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)