Si el modelo Muface no continúa, la sanidad pública deberá asumir la cobertura de 1,5 millones de funcionarios
Por fin, conocemos la verdadera intención del Gobierno socialista y de extrema izquierda: cargarse Muface, esto es, el modelo mutualista que ha funcionado sin interrupción desde los años 70 y que actualmente ofrece cobertura sanitaria a 1,5 millones de funcionarios.
Según el informe de Sanidad filtrado este lunes, el modelo “no es sostenible”, por lo que ha llegado el momento de desmantelarlo. Además, por qué no hacerlo, si la sanidad pública en España es excelente y las aseguradoras privadas son empresas que sólo buscan lucrarse. Es curioso, pero alrededor de la mitad de los funcionarios, aunque pagan la sanidad pública con sus impuestos, prefieren acudir a la privada. ¿Por qué será?
El desmantelamiento de Muface no es tan sencillo ni idílico a como lo pinta el ministerio que dirige Mónica García (ahora, tras su último nombramiento, también conocida como MEMAMIOMS), ni se soluciona únicamente con más dinero. El problema es más profundo y requiere una reforma estructura, según la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS).
En otras palabras, el tiempo de espera de la sanidad pública se duplicará tras la incorporación de 1,5 millones de nuevos ‘clientes’. Hagan la cuenta, porque actualmente la espera media para una cirugía es de 121 días, y de 94 para la consulta de un especialista.
El sindicato mayoritario de las Administraciones Públicas, CSIF, ha puesto el grito en el cielo y ha anunciado que podría ir incluso a la huelga si el Gobierno no rectifica. Lo mismo Fedeca, la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, que agrupa a unos 15.000 funcionarios del grupo superior (Grupo A1).
Según Fedeca, el plan del Gobierno no es viable, ya que el coste per cápita de Muface es inferior al del Sistema Nacional de Salud, como muestran diferentes estudios. En definitiva, lo que consigue el Gobierno eliminando Muface es quitarse un problema de encima y entregárselo multiplicado a las Comunidades Autónomas, que son las que tienen transferidas las competencias sanitarias.
