La energía nuclear tampoco genera consenso entre los dos principales partidos de nuestro país, a pesar de que es la segunda fuente de generación de electricidad y de que su cierre provocará apagones, encarecimiento de la luz y más emisiones de CO2. Por un lado, el PP ha presentado una proposición de ley para prolongar la vida útil de las centrales nucleares españolas, mientras el PSOE difunde entre sus miembros su argumentario antinuclear.

Hace casi dos meses, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo logró aprobar una proposición no de ley que pedía extender la vida útil de las centrales y facilitar su sostenibilidad económica, gracias a los votos de PP, Vox y UPN, así como a las abstenciones de Junts y ERC. En aquel momento, los peperos ya anunciaron que presentarían una proposición de ley con el mismo objeto... y ahora cumplen su palabra.

 

 

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, senadora y diputada de la Asamblea de Madrid, Paloma Martín, ha explicado los objetivos de dicha proposición: “mantener la capacidad de la industria”, “evitar subidas drásticas del precio de la luz”, “proteger el empleo y el desarrollo económico de nuestras comarcas” e “impulsar la transición energética”. Asimismo, ha recalcado que “garantizar la autonomía estratégica de España no es una opción, sino que es una necesidad”, y más en el contexto geopolítico actual, en el que cerrar las nucleares sería “un error de difícil reversión”, un “error histórico” y hasta “estratégico” (como lo calificó Feijóo), y sería repetir el mismo que ha cometido Alemania (donde se ha disparado el uso del gas natural y hasta del carbón, y con ello, las emisiones de CO2 y el precio de la energía). Además, ha insistido en que dicha “política de cierre no obedece a razones técnicas o económicas, sino al dogmatismo ideológico”, cargando contra Teresa Ribera y Sara Aagesen. Recuerden que Ribera, ahora como vicepresidenta ejecutiva europea, ya apoya la nuclear; mientras Aagesen insiste en cerrarla, pese a numerosos avisos en contra. 

Paloma Martín ha acusado al Gobierno Sánchez de querer dejar a nuestro país “en un limbo energético”, recordando que en 2024 se tuvo que “interrumpir la actividad industrial en cuatro ocasiones para mantener el suministro a los hogares” y evitar apagones. “Sólo un país gobernado por Sánchez podría incurrir en esta temeridad, ignorando los intereses nacionales y sacrificando una fuente de energía limpia y barata cuando más se necesita”, la cual genera el 20% de la electricidad en España y que opera el 83% de las horas del año, “asegurando, por tanto, un suministro constante”. Además, no se ha olvidado de la central de Almaraz, que aporta el 7% de la energía nacional y cuyo cierre supondría perder 3.000 empleos”.

En paralelo, en el PSOE insisten en ir contra la nuclear... y Ferraz ha distribuido su argumentario antinuclear (al que ha accedido El Mundo) de cara a la futura votación de la proposición de ley presentada por el PP. Entre las ideas, se insiste en que “de momento, ninguna empresa ha solicitado formalmente un cambio de calendario”, pero el PSOE olvida que hay una orden ministerial que lo impide en el caso de Almaraz: la orden TED/773/2020, del 23 de julio de 2020 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que entonces lideraba Ribera y que otorgó la renovación de la autorización de explotación y fijaba como “definitivo” el cese de la misma el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II. Como en dicha orden se hablaba del “definitivo” cese, las propietarias no pueden obtener una nueva prórroga... a no ser que se haga una modificación o se derogue esa orden.

El partido que lidera Pedro Sánchez también señala que “las centrales nucleares no son ni baratas, ni limpias, porque dejan residuos que deben ser gestionados durante cientos de años”... Sin embargo, no dice nada de lo bien que se gestionan los mismos.

Al mismo tiempo, aprovecha para quejarse de las críticas del PP sobre la asfixia fiscal a la nuclear, recordando que cuando gobernaba el pepero Mariano Rajoy se aprobaron el impuesto del 7% a la producción eléctrica o el del combustible gastado. Eso sí, no pone el mismo énfasis en reconocer que dicha carga fiscal se ha disparado un 70% en los últimos cinco años (recuerden que Sánchez lleva en La Moncloa desde junio de 2018) y que ha subido la tasa Enresa un 30%, por encima de lo que acordó cuando se firmó el calendario de cierres progresivos de las nucleares y que las energéticas propietarias de las centrales (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) han recurrido ante los tribunales. Y el PSOE, curiosamente, también olvida la mentira de Aagesen cuando dijo que el Gobierno “no ha aumentado los impuestos a las nucleares”. 

El PSOE insiste en que “de momento, ninguna empresa ha solicitado formalmente un cambio de calendario”, pero olvida que hay una orden ministerial que lo impide en el caso de Almaraz: la orden TED/773/2020, del 23 de julio de 2020 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que entonces lideraba Ribera 

Por su parte, Alfredo García (más conocido en la red social X como Operador Nuclear), ayudante de jefe de turno en la central nuclear de Ascó, que tiene licencia de operador de reactor y supervisor, y que también es ingeniero de Telecomunicaciones, licenciado en Comunicación Audiovisual, divulgador científico y escritor, se ha encargado de desmentir los distintos puntos del argumentario antinuclear socialista en un interesante hilo. 

Entre otros aspectos, García ha referido que el calendario de cierres firmado en 2019 “no fue fruto de un análisis técnico independiente ni de una propuesta de las empresas propietarias. Fue una iniciativa del Gobierno para cumplir el programa electoral del PSOE. Las empresas lo aceptaron tras ver rechazada su petición de una fiscalidad justa”, pero ahora “el contexto energético nacional e internacional ha cambiado profundamente, y las empresas han expresado su voluntad de renegociar el acuerdo, tal como permite una de sus cláusulas”. También destaca que el enfoque del Gobierno Sánchez “contradice las recomendaciones internacionales, como las del IPCC o la Agencia Internacional de la Energía, que abogan por mantener en operación las centrales nucleares existentes como herramienta clave para reducir emisiones y garantizar la seguridad de suministro durante la transición energética”. Además, recuerda que “los 40 años no eran un límite técnico, sino una estimación administrativa inicial basada en criterios conservadores de la época” y que actualmente en EEUU y Francia, “muchas centrales similares han obtenido licencias de operación extendidas a 60 e incluso 80 años, tras rigurosas evaluaciones técnicas y regulatorias”, así como las inversiones que se realizan cada año. 

Al hilo de los residuos, subraya que “su volumen es muy reducido y están perfectamente controlados desde el inicio”, de hecho, “todo el combustible gastado por las centrales nucleares españolas desde los años 70 tiene el volumen de un cubo de 13,5 metros de lado”

Alfredo García ha reseñado que “la energía nuclear es una de las fuentes más baratas una vez construida, con costes de generación estables e independientes del precio de los combustibles fósiles. Además, es una de las tecnologías con menores emisiones de CO2 por kilovatio-hora generado, comparable a la eólica e inferior a la solar”. Al hilo de los residuos, ha subrayado que “su volumen es muy reducido y están perfectamente controlados desde el inicio”, de hecho, “todo el combustible gastado por las centrales nucleares españolas desde los años 70 tiene el volumen de un cubo de 13,5 metros de lado”. Además, cabe recordar que en su entrevista con Hispanidad, Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear (la asociación que agrupa a la industria nuclear española), ya refirió que “los residuos son un inconveniente, pero tienen una solución y ocupan un espacio pequeñísimo. En España, como hay siete reactores serían unas 210 toneladas al año, que si fueran de agua serían 210 metros cúbicos, pero como la densidad del uranio es altísima, esas toneladas ocuparían sólo unos 17 metros cúbicos”.