Para el 2025 que ya empieza en breve... ¡preparen la cartera!
2024 termina con precios al alza, pero el año nuevo, 2025, no llega con buenas noticias en este tema, sino con más subidas bajo el brazo. Alimentos, electricidad, gas natural, sellos, paquetes, telecos, viviendas (tanto en la compra como en el alquiler), peajes de autopistas… serán más caros, así que ¡preparen los bolsillos y la cartera!
Empecemos por los alimentos, porque la cesta de la compra se ha encarecido un 37% desde que el socialista Pedro Sánchez llegó a La Moncloa el 2 de junio de 2018. Así lo ha referido la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, que ha explicado que lo que antes costaba 100 euros hoy vale 137 euros, y que el acceso a la vivienda se ha convertido en algo inaccesible. Además, ha denunciado que “hoy cada español paga 2.600 euros más al año que en 2018. Mientras Sánchez nos fríe a impuestos, él solo se ocupa de su supervivencia en La Moncloa”.
A partir del 1 de enero de 2025, el IVA de los alimentos básicos (pan, leche, huevos, queso, frutas, verduras, legumbres y cereales) volverá al 4% y dejará de estar bonificado (recuerden que hasta el pasado septiembre su IVA estuvo en el 0% y después se incrementó al 2% a partir de octubre). Por su parte, el IVA de las pastas y los aceites de semilla regresará al 10%, desde el 7,5% al que se habían rebajado; algo de lo que se librará el aceite de oliva, aunque también se incrementará su IVA desde el 2% actual y se colocará en el tipo superreducido (es decir, en el 4%). Eso sí, el pequeño consuelo que habrá en la cesta de la compra en lo que al IVA será en el yogur, cuyo tipo ha bajado del 10% al 4% desde el pasado día 22 de este mes, como se recogió en la ley del tipo mínimo global para las multinacionales. Una pequeña lotería para los fabricantes de yogur y sus consumidores.
La cesta de la compra se ha encarecido un 37% desde que el socialista Pedro Sánchez llegó a La Moncloa el 2 de junio de 2018, según denuncian desde el PP
Sin embargo, la alegría dura poco porque serán demasiadas las facturas de suministros que se moverán al alza. La de la luz se incrementará por varias razones: el IVA de la luz dejará de estar rebajado y recuperará su tipo habitual (que era del 21%) y los costes fijos del sistema eléctrico -los conocidos como cargos- se dispararán un 39%, mientras que los peajes eléctricos (los cuales son fijados por la CNMC) se reducirán un 4%. Además, los consumidores que tengan la tarifa regulada seguirán viendo descender su dependencia del precio del pool con la mayor incorporación de las referencias de los mercados de futuros (que pasarán de representar el 25% al 40%).
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha criticado “la falta de transparencia” en la factura eléctrica, pues las diferencias de precio entre tarifas se ven cada vez más en la potencia contratada, pero resulta difícil de comparar porque cada compañía usa unidades de medida distintas. A través de un estudio, estima que usuarios con aparentemente la misma tarifa pueden estar pagando hasta un 30% más en función de la actualización de las ofertas que pudieran tener. Por ello, la OCU ha denunciado que las comercializadoras saben que los usuarios ya están aprendiendo a comparar por kilovatio-hora (kWh) consumido -que es el término variable-, pero “no tienen claro qué nivel de precios es caro o barato cuando hablamos de la potencia” -el término fijo-. Por su parte, Facua-Consumidores en Acción ha considerado “injusta” la vuelta al 21% del IVA en la factura de la luz y ha pedido al Gobierno que apruebe uno reducido de forma permanente porque se trata de “un suministro esencial como el de la electricidad”. Esta queja está bien, pero cómo no, Facua no se aleja del pensamiento podemita y reclama un aumento en los impuestos directos e los que “más ganan -grandes empresas”, así como la creación de una empresa pública de energía, la recuperación por parte del Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen y reformar el mercado eléctrico con “la salida de la producción hidráulica y nuclear de la subasta marginalista, ya que ambas provocan incrementos injustificados en los precios”. Esto último no es cierto, porque tanto la hidráulica como la nuclear son baratas y esta última aún lo sería más si se redujeran sus elevados y redundantes impuestos, y además, es el gas el que encarece la luz.
Facua no se aleja del pensamiento podemita: reclama un aumento en los impuestos directos e los que “más ganan, -grandes empresas”, así como la creación de una empresa pública de energía, la recuperación por parte del Estado de las concesiones de centrales hidroeléctricas que caduquen y reformar el mercado eléctrico con “la salida de la producción hidráulica y nuclear de la subasta marginalista, ya que ambas provocan incrementos injustificados en los precios”
Y hablando de gas natural, la tarifa de último recurso (TUR) individual sin impuestos se incrementará un 10%... por la llegada del invierno y la incorporación del gas estacional. Por su parte, la TUR vecinal lo hará entre un 13,5% y un 18,3%.
También serán mayores las facturas de las principales compañías de telecomunicaciones que operan en España, aunque no todas lo harán desde Año Nuevo. Telefónica cierra el año de su centenario con el anuncio de que Movistar subirá sus tarifas en torno a un 5% a partir del próximo 13 de enero, lo que se traducirá de media en unos 3 euros mensuales más. Orange le seguirá con un alza del 3% (entre 2 y 6 euros más al mes) desde el 27 de enero. Vodafone España sí que elevará sus tarifas una media del 3% desde el 1 de enero, como viene haciendo cada año en función del IPC promedio entre septiembre de 2023 y octubre de 2024 (2,95%).
Desde Correos, cuya situación económica no es buena sino un gran desastre que Juan Manuel Serrano dejó a Pedro Saura, no sólo habrá prejubilaciones y salidas incentivadas que pagaramos todos los españoles, también mayores precios de sellos y paquetes. La empresa pública de servicio postal subirá un 8,54% el precio de los sellos para el envío de cartas y tarjetas postales que tengan hasta 20 gramos de peso y vayan a destinos nacionales, hasta situarse en 0,89 euros. Eso sí, las que pesen hasta 50 gramos se encarecerán un 11,96%, pasando de 0,92 euros a 1,03 euros; y las de hasta 100 gramos lo harán un 10,34%, a 1,60 euros. Asimismo, las cartas certificadas de ámbito nacional y hasta 20 gramos subirán un 8,62%, a 5,29 euros; las cartas internacionales (tanto ordinarias como certificadas) también serán más caras (1,85 euros y 6,8 euros, respectivamente). Además, los paquetes azules de hasta un kilo de peso incrementarán su precio en 0,60 euros, a 16,2 euros; los que pesen más de 20 kilos se encarecerán a 45,6 euros y los internacionales inferiores a 5 kilos pasarán a costar 47,2 euros.
Los precios de los sellos, cartas certificadas y paquetes también ascenderán en el año nuevo
Por su parte, la vivienda también subirá su precio en 2025, tanto en la compra como en el alquiler. Se trata de otro gran desastre del Gobierno Sánchez. Eso sí, al menos, el pequeño consuelo se ve en las hipotecas, pues el euríbor ha cerrado noviembre en el 2,506%, su menor nivel desde septiembre de 2022.
Por si las anteriores subidas de precios no fueran suficientes, hay sumar las de los peajes de las autopistas que gestiona el Estado (R-2, R-3, R-4, R-5, AP-41, M-12, AP-36, AP-7 Cartagena-Vera y AP-7 Circunvalación de Alicante). En concreto, lo harán un 2% para los vehículos que no dispongan de cobro electrónico y hasta un 11,09% en el caso de los que sí lo tengan. Y no olviden que el director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) -la encargada de las autopistas del Estado y que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente- es Juan Manuel Serrano, el ex presidente de Correos. Asimismo, las concesiones privadas tendrán un aumento mínimo del 2,86%, al que se añadirán las variaciones de tráfico esperadas y una subida adicional para compensar el menor incremento que ha habido en años anteriores, cuando ascendían menos que la inflación.
Y encima, los empleadores afrontarán un nuevo aumento de las cotizaciones sociales para pagar la subida de un 2,8% de las pensiones contributivas, y además, crecerán un 9% las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y se negociará otra subida del SMI, que empezará el año en 1.134 euros al mes por catorce pagas, a la espera de que el Ministerio de Trabajo acuerde con los agentes sociales un nuevo incremento... y entonces se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, debería tomar nota de las críticas de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, al hilo de la reducción de la jornada laboral y también debería actuar para evitar que los incrementos del SMI conlleven aumentos de las cotizaciones sociales.
