Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
El nuevo plan de ajuste fiscal estructural remitido este martes por el Gobierno a Bruselas, y presentado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, contempla reducir el déficit desde el 3,5% de 2023 al 0,8% en 2031. Es decir, un ajuste del déficit del 0,4% anual.
En esta línea, según cálculos de Economía, la deuda pública cerrará 2024 en el 102,5% del PIB y se reducirá hasta por debajo del 90% en 2031, todavía lejos del objetivo del 60% del PIB que marca Bruselas, un nivel que ni siquiera alcanzaremos en 2041, cuando cierre en el 76,8% del PIB. Para entonces, todos calvos.
El problema surge cuando se pretende llevar a cabo esa reducción del déficit y la deuda sobre PIB aumentando, al mismo tiempo, el gasto. Eso sí, un aumento controlado e, incluso, previsto de antemano, que el que avisa no es traidor. ¡Ah! y aprobado por Bruselas, como si eso fuera garantía de que es lo mejor para Juan Español.
Hablamos de un aumento medio del gasto público del 3% hasta 2031, que no es ninguna tontería. Lo mejor, en cualquier caso, es el argumento del gobierno: como la economía crece, el gasto público también debe crecer. En ningún momento se plantea la idea de reducir el gasto público, como si el dinero del contribuyente surgiera de la nada o brotara de los árboles. Oiga, no: reduzca el gasto público, sobre todo el improductivo y superfluo, que hay muchísimo, y deje que los españoles hagan con su dinero lo que estimen oportuno.
¿Cómo se traduce ese aumento del gasto? De momento, convirtiendo en permanente los impuestos a las energéticas y a la banca, como anunció Cuerpo. Pero eso es sólo el principio, porque, como aseguró Sánchez hace unos días, todavía hay margen para aumentar la presión fiscal (no confundir con el esfuerzo fiscal). Según Cuerpo, España podría gastar 6.000 millones de euros más al año respecto al gasto del periodo 2014-2018. Lo más probable es que no sean 6.000 millones sino unos cuantos miles de millones más. Tiempo al tiempo.
Porque todo esto, todo este plan de ajuste fiscal, luego se debe concretar en los presupuestos de cada año y si resulta que hay una emergencia, o un imprevisto, el gobierno puede tomar medidas adicionales para cubrirlo, es decir, puede subir los impuestos o aplicar nuevos. Insisto: en ningún caso se plantea reducir el gasto público. Ni siquiera mantenerlo. Esto es la ruina.
