En España no sólo se vive una sucesión de récords en el precio de la luz (el próximo miércoles llegará a 228,59 euros, superando los 216 del 1 de octubre), sino también un pulso entre las eléctricas y la vicepresidenta ecológica Teresa Ribera. Y es que tras el decretazo que detrae (por tanto, resta o quita) los ingresos que obtienen al repercutir sobre centrales no emisoras los costes de gas que no soportan, han parado instalaciones.

En concreto, ya se han dado las primeras paradas de eólicas y fotovoltaicas: el viernes 1 de octubre durante tres horas y el domingo 3 durante 13 horas. En este tiempo, el coste solar y eólico, que con el efecto del decretazo (el Real Decreto-ley aprobado el pasado 14 de septiembre) se sitúa en más de 115 euros por MWh, estuvo por debajo del precio del mercado.

Por tanto, en esas 16 horas a las eléctricas no les salió rentable producir energía solar y eólica… y no lo hicieron, o sea que pararon sus instalaciones. El Gobierno tuvo que aumentar las importaciones de energía nuclear (con lo que le gusta dicha tecnología a Ribera) más cara de Francia para garantizar el suministro. Unas paradas que se pueden ver como un aviso a la vicepresidenta ecológica, pero podrían no ser las últimas, y que llega después de la amenaza del parque nuclear español de cesar su actividad (la cual ahora es inviable por la asfixia fiscal que soportan). Eso sí, las eléctricas han transmitido a Ribera que se podría ampliar el calendario de cierre si mejoraran las condiciones, aunque ya saben que a la vicepresidenta Ribera no le gusta dicha tecnología a pesar de que no emite CO2. 

Galán recuerda que Iberdrola “siempre está abierta al diálogo y a alcanzar un marco regulatorio estable y predecible, basado en la economía de mercado”, y que sólo con ese marco “se pueden continuar las inversiones necesarias”

En este contexto, Ignacio S. Galán, presidente y CEO de Iberdrola, ha vuelto a la palestra en la inauguración del centro de innovación Global Smart Grids Innovation Hub. Allí, ha aludido al “intervencionismo terrorífico” que se está dando en el sistema eléctrico español y ha vuelto a destacar la importancia de la seguridad jurídica y de generar un clima que transmita “confianza a los inversores”. Esto va en la misma línea de lo que Galán señaló en el Foro de La Toja y de las palabras de Marina Serrano, presidenta de la patronal eléctrica Aelec, en El Mundo, refiriendo que “la intervención transmite que en España se pueden cambiar las reglas de juego en cualquier momento” y que las medidas adoptadas ante el alza del precio de la luz por culpa del gas y de los derechos de CO2 “son poco ortodoxas, inadecuadas y crean inseguridad jurídica”. Eso sí, no hay que olvidar que los fondos que tienen laudos abiertos contra España llevan tiempo aludiendo precisamente a la inseguridad jurídica de nuestro país tras el recorte de las primas a las renovables.

Galán ha subrayado que espera que “se pueda reconducir” el escenario provocado por el decretazo y que no realizar un análisis riguroso lleva a situaciones que “nadie desea, como paradas de parques eólicos o fotovoltaicos”, los cuales “no son competitivos por la nueva regulación”. Además, ha añadido que “no queda más remedio” que una “parálisis” de las inversiones y que Iberdrola “siempre está abierta al diálogo y a alcanzar un marco regulatorio estable y predecible, basado en la economía de mercado”, y que sólo con ese marco “se pueden continuar las inversiones necesarias”. Eso sí, no parece factible que en ese diálogo pueda contribuir el socialista Antonio Miguel Carmona, el nuevo vicepresidente de Iberdrola España.