Repsol aún no puede cerrar el capítulo del derrame de crudo en la refinería La Pampilla (Perú) ocurrido en enero de 2022. Y todo ello, a pesar de que no fue responsable del suceso, donde influyó bastante la negligencia del Gobierno que en aquel momento lideraba Pedro Castillo y con el que meses después intentó tapar su debilidad institucional, pero sin éxito: se declaró su “permanente incapacidad moral” tras un fallido golpe de Estado y el 7 de diciembre de ese año fue relevado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.
La compañía multienergética española que dirige Josu Jon Imaz, junto a Mapfre (su aseguradora en este caso), reclama 267 millones de dólares (232,49 millones de euros al tipo de cambio actual) a la naviera italiana Fratelli d’Amico Armatori -dueña del buque Mare Doricum, cuyo movimiento incontrolado causó el citado derrame- y al pool de seguros Standard Club Ireland, según informa Expansión. Se trata de una cifra similar a la de 267 millones de dólares que la refinería La Pampilla, bajo administración de Repsol, ha destinado a la limpieza, remediación y compensación social, tras el derrame, como se recoge en información difundida por agencias a finales del pasado enero.
Repsol, Mapfre y otras empresas enfrentan una demanda de 4.300 millones de euros de Perú, pero la compañía multienergética que dirige Imaz prevé que los tribunales peruanos acaben desestimándola
Recuerden que en enero de 2022, Perú (entonces bajo las riendas de Castillo) trató de esconder su negligencia culpando a Repsol, a pesar de que no alertó del tsunami tras la erupción del volcán submarino Tonga y le dijo a la compañía que podía proceder a la descarga de crudo. Fue el único país de la zona que no alertó de tsunami, lo que causó el derrame de petróleo al interrumpir la descarga del buque italiano Mare Doricum en la refinería de La Pampilla.
Meses después, el propio Castillo intentó tapar su debilidad institucional demandando 4.300 millones de euros a Repsol, Mapfre, Transtotal Agencia Marítima y Fratelli d’amico Armatori, entre otras empresas. Claro que hasta la Fiscalía peruana hablaba de “la relación del movimiento del buque Mare Doricum con la rotura y/o desplazamiento del PLEM”, cuando descargaba en la refinería La Pampilla; y el capitán y el primer oficial del buque habían huido del país. Repsol prevé que los tribunales peruanos acaben desestimando dicha demanda. Eso sí, aún enfrenta otras de menor importe: una 1.000 millones de dólares en Países Bajos, interpuesta por Stichting Environment and Fundamental Rights (SEFR) en representación de casi 35.000 supuestos afectados por el derrame de crudo en Perú; y otra de 45 millones de Transtotal por la retención del buque, algo que no hizo Repsol sino las autoridades peruanas.
Todo esto se conoce semanas después de que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, haya anunciado elecciones generales en el país para el 12 de abril de 2026. Y justo cuando dicho país enfrenta una crisis de inseguridad que ha llevado a declarar el estado de emergencia en la capital, Lima, y en la provincia de Callao.
En el entretanto, Repsol afronta un escenario más delicado en Venezuela, donde EEUU le ha retirado el permiso para exportar petróleo desde este país hispanoamericano a finales de marzo, al igual que a otras petroleras occidentales. Eso sí, Imaz se ha mostrado optimista, al hablar de “diálogo abierto” con la Administración Trump y de buscar mecanismos para seguir con la actividad en Venezuela: donde la producción de gas supone el 85% de su actividad y con la que “sostiene una parte del sistema eléctrico” del país, por lo que también cierta “responsabilidad”, mientras que “la producción de petróleo es pequeña” (además, esta última se debe a la deuda que PDVSA mantiene con la española y que está va cobrando en especie con las exportaciones de crudo sin refinar). Repsol opera en Venezuela desde hace 32 años, pero “nunca ha sido fácil”, recordó Imaz, especialmente en los últimos 10-15 años en los que se han dado altibajos. Eso sí, “Repsol cumple la legislación internacional”, añadió.
