Con motivo del quinto aniversario de la pandemia, Idealista publica un nuevo estudio y es que el Covid supuso "una tragedia que parecía que iba a cambiar por completo nuestra sociedad y, por supuesto, también el mercado inmobiliario".

Según el portal inmobiliario la pandemia supuso "un aumento meteórico de la oferta de alquileres permanentes, que se duplicaron en pocos meses y marcaron su máximo en diciembre de 2020, momento en el que los precios comenzaron a bajar, como consecuencia de la ley de oferta y vivienda".

Ante tal panorama, el Gobierno de Sánchez tomó medidas, como hemos defendido en Hispanidad, el problema de la vivienda es por el lado de la oferta, así se conseguirían reducir los precios. Pero la Ejecutiva social-podemita no lo ve así, por lo que decidieron aprobar "medidas punitivas y coercitivas de cara a los propietarios propiciaron la drástica desaparición de la oferta: desde el máximo de diciembre de 2020 la oferta de alquileres permanentes en España ha caído un 56%, mientras que los precios se han incrementado un 30% en el mismo periodo". 

Así, Barcelona presenta la mayor caída, la oferta se ha desplomado un 84% desde diciembre de 2020. Le siguen los descensos de Sevilla (-73%), Palma (-73%), Madrid (-71%), Granada (-71%) y Las Palmas de Gran Canaria (-70%). Con caídas por debajo del 70% se encuentran San Sebastián (-65%), Málaga (-64%), Valencia (-63%) y Bilbao (-61%).

Y a menos oferta, más suben los precios, es de cajón de madera de pino, pero el Gobierno no es capaz de darse cuenta: los precios han crecido un 74% en Valencia, mientras que la subida en Barcelona ha sido del 62% y en Alicante del 60%. Les siguen los ascensos de Málaga (55%), Segovia (54%), Palma (53%), Ávila (45%) y Madrid (44%).

Hemos pasado de una generación que no podía comprar, a otra que no puede alquilar: vamos bien, y eso que ahora la vivienda ha pasado a ser un derecho, todo un logro histórico. 

El pasado mes, Sánchez visitó 40 viviendas de protección pública destinadas al alquiler asequible, junto a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el president de la Generalitat, Salvador Illa. Durante la visita, el presidente subrayó el firme compromiso del Ejecutivo para situar a la vivienda en el centro de las políticas públicas y ha incidido en la necesidad de aplicar la Ley de Vivienda en todos los territorios con zonas tensionadas.

"La Ley de Vivienda funciona. Es una intervención pública, pero hace falta voluntad para aplicarla y no podemos aceptar el boicoteo que hacen algunas administraciones", aseguró. "Frente a la ley de la selva, Ley de Vivienda; frente a los fondos buitres, Ley de Vivienda; frente a la especulación, Ley de Vivienda".

Que el precio de la vivienda se dispare es un problema, pero más grave es que el Gobierno insista en su política de topes de precios y las zonas tensionadas, cuando se ve que no funciona. A lo que hay sumar el miedo, lógico, que tienen los propietarios por la okupación, aunque Sánchez insista en que es un bulo, parece que no lo es tanto.