Este miércoles, desde la Sociedad Nuclear Española (SNE) se ha lanzado un serio aviso al Gobierno Sánchez, porque “hoy por hoy no se puede prescindir de la nuclear por seguridad de suministro y objetivos de descarbonización”, ha afirmado su presidente, Héctor Dominguis, que también  ha reclamado una “revisión profunda de la estrategia energética de España”. Esperemos que el Gobierno, y en especial, la vicepresidenta ecológica, Teresa Ribera, lo escuchen y lo tengan en cuenta, porque el cierre de los reactores españoles “es un suicidio”, nos lleva al abismo y a otro capítulo negro como el que está viviendo Alemania (ha disparado la producción de carbón, ante el descenso del gas ruso y por contar únicamente con tres nucleares que cerrarán en abril).

La asociación que agrupa a los profesionales de la industria nuclear española ha presentado el ‘Manifiesto en defensa de las centrales nucleares como fuente de energía estratégica en España’, y entre otros aspectos, pide reconocer así a la nuclear, porque nuestros siete reactores han aportado el 20,3% de la electricidad consumida en 2022 y representando sólo un 6% de la potencia instalada. Es más, estos han operado el 90% de las horas del año, con un coste aproximado de 55 euros por megavatio-hora (MWh) -de los que 25 euros son tasas e impuestos (vean su larga lista), y sería más barata si estos bajaran, como refirió Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear, a Hispanidad-, evitando la emisión de 20 millones de toneladas de CO2 -el equivalente a retirar de la circulación a un tercio del parque automovilístico- y ha ahorrado 1.500 millones de euros al año en derechos de emisiones. No se entiende que, a pesar de tantas ventajas, la verde Ribera insista en el cierre... o en dejar la patata caliente de prorrogar su vida útil al próximo gobierno. Un cierre que también respalda Redeia (antigua Red Eléctrica), compañía transportista de luz y operadora del sistema eléctrico español,... aunque velará por la seguridad de suministro. Eso sí, hace unos días, José Bogas, CEO de Endesa -energética que tiene participaciones en seis de los siete reactores españoles-, refirió que en la revisión del PNIEC “afianzaría más cosas, creo que hay que prolongar la nuclear porque creo que no vamos a llegar a los objetivos de bombeo, almacenamiento, termosolar, hidrógeno...”. 

Nuestros siete reactores han aportado el 20,3% de la electricidad en 2022 y representando sólo un 6% de la potencia instalada. Todo ello operando el 90% de las horas, con un coste aproximado de 55 euros/MWh, evitando la emisión de 20 millones de toneladas de CO2  y ha ahorrado 1.500 millones de euros al año en derechos de emisiones

Dominguis, que a su vez es consejero delegado de GDES (Grupo Dominguis Energy Services, grupo que presta servicios a la industria energética) y dejará la presidencia de la SNE en manos del actual vicepresidente, Emilio Mínguez, catedrático de Tecnología Nuclear en la Universidad Politécnica de Madrid, ha insistido en que este año es clave porque se llevará a cabo la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Un plan que se aprobó en 2021 y se definió en 2019 con un contexto muy distinto al actual, donde hay incertidumbre geopolítica y una escalada de precios descontrolada. Entre las razones para entender por qué necesitamos la nuclear, la SNE refiere que “a día de hoy, es técnicamente imposible que los objetivos de descarbonización recogidos por el PNIEC se cumplan si se cierran cuatro centrales nucleares (en concreto, los dos reactores de Almaraz, el de Ascó I y el de Cofrentes) antes de finalizar el 2030”. Y ojo, porque el asunto requiere de cierta urgencia, ya que “si pasado 2024 no se toma una decisión firme sobre la contribución de la nuclear, puede que no haya vuelta atrás para el reactor Almaraz I”, porque el aprovisionamiento de combustible se planifica con tres años de antelación. 

Dominguis ha insistido en que los requisitos básicos de un sistema eléctrico son: seguridad de suministro, objetivos de descarbonización y competitividad industrial. Y en todos ellos, la energía nuclear es clave: funciona ininterrumpidamente y es la que más horas lo hace al año entre todas las tecnologías, junto a la eólica es la que menos CO2 emite en todo su ciclo de vida y sus costes de generación son muy estables. Cada uno de los siete reactores nucleares españoles recibe unas inversiones de unos 30 millones de euros anuales, y son seguros y fiables para operar más años. Sus profesionales avalan que estos tienen capacidad para continuar operando hasta los 60 años o más sin que exista ningún límite legislativo o técnico que lo impida, pero piden que se generen las condiciones necesarias para ello, entre ellas: un marco económico y fiscal adecuado que garantice su estabilidad y que se reconozca su papel estratégico, y más cuando nuestro sistema energético es aislado, tenemos pocas interconexiones y las condiciones climáticas cada vez son más exigentes. Además, Dominguis recuerda que el PNIEC se lanzó para cumplir los objetivos de descarbonización de la Comisión Europea, con objetivos renovables muy ambiciosos que no se están acompañando de almacenamiento e interconexiones, pero mantenía 26 gigavatios de potencia de ciclos combinados de gas e incluso un aumento de su producción. Algo que cuesta entender teniendo en cuenta que la nuclear produce el 20% de la electricidad que se consume en España y sin emitir CO2. 

Por último, han puesto de manifiesto que España se está quedando sola en la estrategia de cierre nuclear, ante la alianza impulsada por Francia y que ha sumado otros diez países. Un cierre que, además, pone en peligro la industria nuclear española, que cuenta con más de 20.000 profesionales directos e indirectos y hasta 30.000 sumando los inducidos; y es muy profesional, competitiva y tiene gran prestigio internacional (de hecho, también trabaja en los pequeños reactores modulares -SMR- y en la fusión nuclear).