Subirá el precio de la luz, el uso del gas... y las emisiones

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha lanzado una advertencia a ‘Doña contradicciones’ Teresa Ribera sobre el cierre nuclear en España, justo el día en que afronta el examen para ser una de las vicepresidentas europeas... y Pedro Sánchez acude a la COP29 (llevando ¡dos aviones, caros y contaminantes!). Y es que cerrar los siete reactores nucleares que están actualmente operativos en nuestro país y generan una quinta parte de la electricidad sin emitir CO₂ provocará no sólo una subida del precio de la luz, sino un mayor uso del gas y más emisiones de CO₂.

En un estudio (ver documento adjunto), el analista energético e ingeniero industrial Javier Revuelta ha subrayado que “los reactores nucleares no tienen una vida predefinida” y que algunos con diseños gemelos a los españoles ya han extendido su operación de 40 a 60 u 80 años. Entre ellos, está la central de North Anna (Virginia, EEUU), gemela de la española Almaraz, que cuenta con licencia para operar 80 años, mientras la segunda afrontará el cierre de sus reactores en 2027 y 2028 si no hay cambios en el calendario que pactó Ribera con las propietarias en 2019 para el periodo 2027-2035. Cabe recordar que la Unidad I de Almaraz acaba de terminar su penúltima recarga de combustible y que dicha central, con sólo una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando, incluso hasta los 80 años de vida útil (2063). Además, en EEUU ya hay ocho reactores con licencia para funcionar 80 años y unos 80 tienen licencia para operar hasta los 60.

La central de North Anna (Virginia, EEUU), gemela de la española Almaraz, cuenta con licencia para operar 80 años, mientras la segunda afrontará el cierre de sus reactores en 2027 y 2028 si no hay cambios en el calendario que pactó Ribera con las propietarias en 2019

Entre los argumentos a favor de mantener y extender la vida útil del parque nuclear español, Revuelta no sólo ha referido que el cierre elevará el precio de la luz, provocará un mayor uso de gas y aumentará las emisiones de CO₂, sino que también afectará a la seguridad de suministro y supondrá la pérdida de la capacidad humana y la experiencia en un sector que puede ser aliado de la transición energética y que actualmente emplea a unas 28.000 personas (entre puestos directos, indirectos e inducidos). Y todo ello en un contexto donde será necesario duplicar la capacidad de generación ante el creciente consumo eléctrico que conllevará la apuesta por la electrificación, así como auge de los centros de datos y de la Inteligencia Artificial. Al hilo de esto último, no hay que olvidar la apuesta de muchas tecnológicas estadounidenses (Amazon, Google y Microsoft, entre ellas) por la energía nuclear... o la que está haciendo Marruecos para poder usar dicha energía en plantas desaladoras (las cuales requieren una energía intensiva). 

Revuelta ha referido que “con la autorización e inversiones pertinentes, los reactores nucleares podrían extender su período de operación más allá de los años recogidos en el plan de cierre acordado”. Eso sí, ha destacado el tema de la rentabilidad de dichas inversiones “ante la regulación, la fiscalidad y los riesgos esperados”. Es más, ha aludido a los vertidos de renovables y a que en periodos de bajos precios de mercado los reactores pueden bajar su generación al 60-70% pero sólo lo pueden hacer un porcentaje reducido de horas al año porque necesitan gastar una proporción muy alta del material físil en los elementos de combustible antes de que este sea extraído en su recarga. También ha apuntado que el motivo fundamental de la reducción de la generación nuclear puntual se debe más a las tasas a pagar, pues soporta actualmente elevadas tasas e impuestos variables de más de 20 euros/megavatio-hora (MWh). En concreto, la cifra era 25 euros/MWh antes de la última subida de la tasa Enresa, lo que suponía el 35-40% de sus ingresos totales: “Pagamos por cada megavatio que producimos 8 euros para Enresa en gestión de residuos y desmantelamiento futuro, y unos 15-17 euros/MW de impuestos, de los cuales algunos son autonómicos y redundantes”, como subrayó Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear en una entrevista con Hispanidad hace dos años.

El parque nuclear español abona entre 10 y 12 euros/MWh en impuestos nacionales, locales y tasas; entre 5 y 6 euros/MWh en autonómicos; y la tasa Enresa... que ha subido un 30% el pasado 1 de julio, pasando de 7,98 euros/MWh a 10,36 euros/MWh

Entre dichos impuestos, hay tres de ámbito estatal (uno sobre la producción de combustible nuclear gastado, otro sobre la producción de residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica -residuos de baja y media actividad- y la famosa tasa Enresa. Asimismo, se pagan otros tres autonómicos (uno sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente en Extremadura, otro sobre actividades que inciden en el medio ambiente en Comunidad Valenciana y otro sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente en Cataluña). Además, hay otros impuestos de ámbito local y otras tasas y tributos: Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto de Actividades Económicas (IAE), Tasa por la prestación del servicio de la Guardia Civil y Tasa por servicios prestado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En total, el parque nuclear español abona entre 10 y 12 euros/MWh en impuestos nacionales, locales y tasas; entre 5 y 6 euros/MWh en autonómicos; y la tasa Enresa... que ha subido un 30% el pasado 1 de julio, pasando de 7,98 euros/MWh a 10,36 euros/MWh. Desde Foro Nuclear (la asociación que representa a la industria nuclear española) se ha aludido en demasiadas ocasiones a esta “fiscalidad excesiva, en algunos casos redundante, así como discriminatoria y no homogénea ni comparable a la del resto de tecnologías y que penaliza enormemente el funcionamiento y la gestión de las mismas, por lo que cualquier incremento adicional de tasas comprometería su viabilidad económica”. Por ejemplo, sólo la central de Almaraz paga unos 450 millones anualmente en tributos que la asfixian económicamente, tras la reciente subida de la tasa Enresa, y de los que 100 millones corresponden a Extremadura.

Revuelta considera que antes de cerrar las nucleares españolas (que en 2023 aportaron el 20,34% de la electricidad) deben valorarse algunas cuestiones, como las proyecciones de consumo eléctrico, los impactos en los precios (incluida su volatilidad), las emisiones, las necesidades de materiales críticos para la construcción de instalaciones alternativas, los costes de almacenamiento o la gestión de las redes, entre otros. Asimismo, propone que se hagan estudios prospectivos por parte de alguna institución que no sea directamente dependiente del Gobierno.

Ahora, una vez iniciada la COP29 y con un PNIEC en España que contiene objetivos imposibles de cumplir... y que mantiene el cierre de cuatro de los siete reactores, la advertencia de Revuelta a Ribera no es baladí, y menos cuando ya se sabe que ‘Doña contradicciones’ no tiene problemas en defender la nuclear en Bruselas, al tiempo que insiste en asfixiarla económicamente y cerrarla en España. Claro que no ha sido el único aviso sobre el adiós nuclear que ahora el PP intenta evitar: hace unos meses, la consultora PwC habló muy claro y señaló que prescindir de la energía nuclear a medio y largo plazo es emitir más y comprometer el suministro; y el año pasado, Alfredo García (más conocido en la red social X como Operador Nuclear, que es ayudante de jefe de turno en la central nuclear de Ascó, tiene licencia de operador de reactor y supervisor, y también es ingeniero de Telecomunicaciones, licenciado en Comunicación Audiovisual y divulgador científico) apuntó que cerrar las centrales “es un suicidio” y lanzó una campaña para salvar las nucleares españolas, porque su cierre elevará el precio de la luz, las emisiones y la dependencia energética. Además, García figura entre los adheridos al ‘Manifiesto en defensa de las centrales nucleares como fuente de energía estratégica en España’, con el que la Sociedad Nuclear Española (SNE) -la asociación que representa a los profesionales del sector nuclear- dio un serio aviso al Gobierno Sánchez porque considera que “no se puede prescindir de la nuclear por seguridad de suministro y objetivos de descarbonización”.