El tarifazo eléctrico no parece que vaya a tener un final cercano. Este lunes es el más caro de la historia en lo que a precio de la luz se refiere (132,65 euros por megavatio-hora) y el martes bajará un 4%, al 127,36 euros, pero eso no es ningún consuelo. Y es que Teresa Ribera no hará grandes rebajas de impuestos, ni los sacará de la factura (de la que representan cerca del 60%), pues defiende que “los peajes y cargos de la factura sí tienen que ver con el sistema eléctrico”.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico ya ha reducido el IVA del 21% al 10% hasta final de año y ha prorrogado la suspensión del impuesto del 7% a la generación también hasta esa fecha, aunque en un principio sólo iba a durar el tercer trimestre. Eso sí, en materia fiscal no se pilla los dedos, pues el asunto lo maneja la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: revisa la fiscalidad de la luz, pero lo hace sin prisa y no habrá resultados hasta dentro de unos meses.

La vicepresidenta tercera advierte que el Gobierno pondrá límites al vaciado de embalses, cambiará el modelo de subastas para que se hagan al margen del mercado mayorista, y prepara la prórroga del “suministro mínimo vital”

Ahora Ribera es una habitual de las entrevistas en los medios de comunicación (una buena muestra puede verse en la entrevista del domingo en Eldiario.es y las de este lunes en Expansión y el programa ‘Espejo Público’ en Antena 3). La miembro más ecologista del Gobierno Sánchez ha señalado que con las comunidades autónomas se analizarán las posibilidades de modificar el impuesto eléctrico (algo más del 4% sobre la factura)”. Eso sí, “los peajes (costes fijos que cubren el uso de las redes, entre otros) no se sacarán de la factura”, como le reclama el PP.

El Gobierno limitará el vaciado de embalses, después de haber abierto una investigación por el rápido vaciamiento de varios y anunciar que se crearía una empresa pública a medida que las concesiones hidráulicas vayan llegando a su caducidad 

Entre las medidas que Ribera prevé aprobar próximamente para intentar paliar la subida de la luz, está la limitación al vaciado de embalses, aplicando la actual Ley de Aguas, después de haber abierto una investigación por el rápido vaciamiento de varios y anunciar que se crearía una empresa pública a medida que las concesiones hidráulicas vayan llegando a su caducidad. Asimismo, quiere reducir el peso del mercado mayorsita en recibo, favoreciendo opciones como el autoconsumo, las comunidades energéticas, los contratos a largo plazo (los llamados PPA) o las subastas de energía primaria. Y en estas últimas, como en las de renovables, se concederán licencias a las empresas con cualquier tecnología que se comprometan a generar luz al precio más barato, al margen del mercado mayorista.

Entre las medidas, que se harán “siempre dentro del margen que deja la legalidad europea”, algo que supone un recado ante la propuesta de los ministros podemitas Ione Belarra y Alberto Garzón de topar los precios de la hidráulica y la nuclear. Ribera también ha anunciado que se prepara la extensión del “suministro mínimo vital” desde los cuatro a los ocho meses, lo cual garantiza que no se corta la luz por impago. Unas medidas que se han anunciado después de que PSOE y Unidas Podemos registraran una comisión parlamentaria para analizar la subida del precio de la luz. 

Y ojo, porque Ribera ha subrayado que en el compromiso anunciado por Pedro Sánchez de que cuando acabe 2021 los españoles habrán pagado de luz lo mismo que en 2018 se toma ese año porque “es el año que llegó al Gobierno”. Pero tiene cierta trampa: sería descontando el IPC.