El comunicado de Telefónica es retorcido como una viruta y el hecho relevante, lo mismo (ver documento adjunto), pero el asunto es claro: Telefónica Perú presenta suspensión de pagos en aquel país hispano. ¡Ah! y con la correspondiente reducción de costes.
¿Y qué se pretende con ello? pues forzar al Gobierno de Lima para que deje de extorsionar fiscalmente a la teleco. Y es que la Administración de aquel país va sumando intereses a todas sus diferencias con Perú y el negocio está hecho una ruina.
Ahora bien, la jugada es peligrosa porque Telefónica no puede dar el portazo en Perú, no se puede dejar, de la noche a la mañana, colgada una infraestructura básica. Y el Gobierno no quiere hacerse cargo de la teleco: lo único que quiere es extorsionar a Madrid.
Ahora bien, el nuevo presidente, Marc Murtra, asume un riesgo grande, en primer lugar porque la reducción de costes en un país como Perú suena mal, muy mal. De hecho, la decisión de presentar suspensión de pagos recuerda el viejo dicho cuartelero: que se fastidie el sargento que no me como el rancho.
Mejor hubiera sido convencer al Gobierno peruano desde el Gobierno de Madrid, que cambie de actitud. ¿Acaso no es Moncloa el principal accionista actual de Telefónica?
En la empresa del Distrito C llevan años intentando que Lima entre en razón, echando mano de todas sus fuerzas y hasta de las que no son suyas. Recuerden el encuentro entre una delegación de Telefónica que acudió a Lima para convencer a la administración peruana. En esa delegación figuraba el insigne Jaume Roures y el consejero de la casa, Javier de Paz. Al parecer, la visita no resultó exitosa.
