La Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) aprobada el jueves en Bruselas y que, si todo va bien, será ratificada en las próximas semanas para entrar en vigor en 2023, es la norma antimonopolio más ambiciosa del planeta contra los grandes monopolios de internet, los conocidos como GAFA: Google, Apple, Facebook y Amazon, a los que también se podría añadir Microsoft.

Uno de los aspectos que hace especial el texto son las multas que puede imponer Bruselas, y que ascienden al 10% de la facturación global anual de la compañía, que podría aumentar hasta el 20% si la empresa es reincidente. Y si la compañía continúa con las prácticas abusivas, Bruselas, atención, podrá ordenar el troceo de la misma.

Esto recuerda los casos de Standard Oil y AT&T en EEUU, con una pequeña salvedad: era el regulador norteamericano el que iba contra empresas norteamericanas. Ahora hablamos del regulador europeo contra gigantes norteamericanos y en un mercado digital. En cualquier caso, también surge la duda de si, llegado el momento, Bruselas tendría la valentía para enfrentarse a los GAFA.

Entre otras, la ley prohíbe destacar los propios productos en las búsquedas en internet, algo de lo que se ha acusado a Google y a Amazon en reiteradas ocasiones. Sin duda, será uno de los puntos más vigilados por parte de las autoridades europeas, así como el tratamiento que den y las facilidades que ofrezcan a terceras compañías, más pequeñas, de los datos de los usuarios.

Los particulares también notarán cambios. Por ejemplo, podrán descargarse aplicaciones directamente o desde otras tiendas y no necesariamente a través de la Play Store de Google o de la App Store de Apple, y podrán borrar aplicaciones preinstaladas que actualmente no se pueden eliminar, como el navegador Safari en los terminales Apple.

Y así hasta entre veinte y treinta obligaciones y prohibiciones que deben cumplir con el objetivo de poner coto al abuso de posición dominante de los gigantes de internet, considerados por Bruselas como “guardianes de acceso” a la red. Así la ley afecta a las empresas que operen en el mercado europeo con una facturación anual superior a los 7.500 millones de euros y que tengan una capitalización bursátil de al menos 75.000 millones de euros. Además, tendrán que tener un tráfico mínimo de 45.000 millones de usuarios activos mensuales y prestar servicio en al menos tres Estados miembros de la UE.