Wayne Griffiths ha dicho 'basta' y deja de presidir ANFAC. La culpa la tiene Pedro Sánchez... y que no cumple lo que promete / Foto: Pablo Moreno
Wayne Griffiths se ha cansado de la “inacción” del Gobierno y las promesas vanas de Pedro Sánchez en el tema de la electrificación. Por ello ha decidido pasar a la acción al anunciar que dimite como presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC).
Se trata de otra dimisión parcial, aunque bien distinta a la de Yolanda Díaz en Sumar, y algo temporal. Este ejecutivo automovilístico británico (y también de nacionalidad alemana desde hace poco más de un año) dejará de liderar ANFAC y sólo aguantará hasta que haya sucesor. Recuerden que llegó al cargo en enero de 2022, relevando a José Vicente de los Mozos (actual CEO de Indra que no se entiende con el presidente Marc Murtra y que por entonces aún estaba al frente de Renault en España y Portugal, y era su jefe mundial de fabricación), y renovó el pasado diciembre durante un año más. De hecho, procedió a la renovación “porque el Gobierno se comprometió a ser un aliado del sector, y a poner en marcha rápidamente medidas concretas y eficaces”.
Claro que no fueron las únicas promesas vanas de Sánchez, porque el pasado febrero, en el IV Foro ANFAC, el presidente del Gobierno se comprometió a revisar el Plan Moves y a impulsar la infraestructura de recarga. A día de hoy no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro y Griffiths se siente “decepcionado” y más “porque ahora toca acelerar, no frenar”, a pesar de que en dicho foro el sector del automóvil advierte: o se dan ayudas eficaces... o no habrá avance del coche eléctrico. Unas semanas más tarde, concretamente a principios de marzo, en el 33 Congreso anual de Faconauto (patronal que representa a los concesionarios oficiales), Griffiths subrayó que el problema con el Plan Moves no era de presupuesto (cuenta con 1.200 millones), sino que hay 11 comunidades autónomas en lista de espera y la mitad del presupuesto pendiente de la Administración, y confíaba en que Sánchez cumpla su compromiso de mejorarlo. Ahora, tras anunciar su marcha de ANFAC, insiste en que “España tiene que mejorar la infraestructura pública de recarga y facilitar la compra de coches electrificados con un verdadero plan de incentivos fiscales que permita cobrar la ayuda en el momento de la compra”.
“Seguiré defendiendo los intereses de la industria española del automóvil en España y fuera de España. Pero, sin apoyos, sin medidas concretas y sin un compromiso real por parte de los representantes políticos, como presidente de ANFAC, ya no puedo aportar más”, ha subrayado Griffiths. Eso sí, seguirá siendo presidente ejecutivo de Seat y de su marca premium Cupra, las cuales le dan más alegrías que Sánchez. Griffiths también ha destacado “el trabajo realizado por Sernauto (la patronal de proveedores de automoción) y por su presidente, Francisco J. Riberas. Juntos, hemos conseguido un sector más fuerte y sólido, gracias también a Faconauto y su presidenta, Marta Blázquez”. De hecho, junto a ambas asociaciones y también en solitario como Anfac y desde Seat, Griffiths ha pedido ayudas en distintas ocasiones. Además, se ha reunido en La Moncloa varias veces: la primera fue en abril de 2022, acompañado por De los Mozos; y hubo otra en marzo de 2023 junto Sernauto y la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive).
Y por cierto, los socios de ANFAC (nada más y nada menos que 58 marcas) han apoyado la decisión de dimitir de Griffiths y han recordado que han hecho muchas propuestas en los últimos años para cumplir los objetivos de reducción de emisiones y defender nuestra industria y a sus trabajadores, pero “la situación es preocupante”. Entre otros aspectos, han señalado que los planes de ayuda a la compra han terminado (el Mitma Moves para vehículos industriales y autobuses de bajas y cero emisiones acabó el 30 de abril) y el plan Moves III culmina el 31 de julio y sus fondos están prácticamente agotados; las ventas de vehículos electrificados se han estancado y su cuota sólo es del 10,5% hasta mayo; y la política de desarrollo de la red de infraestructura de recarga pública sigue siendo inadecuada.
