El neerlandés Maarten Wetselaar ha cumplido dos años como CEO de Cepsa y ha participado recientemente en el Foro de Davos, donde los empresarios españoles le dieron un aplauso que la propaganda monclovita atribuyó a Pedro Sánchez en un principio, aunque después rectificó. Wetselaar ha vuelto a insistir en que la excesiva y lenta burocracia lastra la transición energética y que se acelere este proceso, como ha afirmado en una entrevista con Expansión hace unos días.

No es la primera vez que el directivo neerlandés alude a la ardua burocracia, pues lo hizo, por ejemplo, hace poco más de cuatro meses en el VIII Foro de la Energía organizado por El Economista, donde vio clave “revisar la tramitación de los permisos”. Expertos del sector apuntan a que para instalar un punto de carga ultrarrápido el permiso tarda 18 meses, y después sólo dos semanas en construirlo; pero algunos incluso estiman que entre obtener licencias, gestión con las distribuidoras de electricidad y legalización en el Ministerio de Industria el proceso desde que se decide la inversión y hasta que entra en funcionamiento puede demorarse hasta dos años. Por su parte, en los proyectos de energías renovables, la media de tramitación ronda los tres años... y luego está la construcción, que varía en función del tamaño.

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En esta lenta y larga burocracia no hay que olvidar que las empresas deben lidiar con varios niveles de Administración pública (municipal, provincial, autonómico y nacional) con normativas y/o criterios diversos. Asimismo, pese a que el Gobierno Sánchez ha apostado por aumentar el empleo público, siguen faltando funcionarios para atender tantas solicitudes. Para intentar paliar el cuello de botella burocrático, se podría optar por la ventanilla única, es decir, que los trámites estuvieran centralizados y no dependieran de tantas Administraciones; y que se aportaran más recursos públicos y en las distribuidoras de electricidad. Y esta lenta tramitación no sólo afecta a la transición energética del país, sino a la imagen de las empresas.

Wetselaar no es primer directivo que alude al problema de la tramitación de permisos ni será el último. También lo han hecho ya, entre otros: Ana Paula Marques, consejera delegada de EDP España; y Loreto Ordóñez, CEO de Engie España. Esta última subrayó hace poco más de un mes sobre las inversiones en proyectos renovables que “si cada MW es un millón”, es mucho dinero a invertir y “el capital no entiende de banderas, sino de seguridad jurídica, marco regulatorio estable y facilidad de trámites”. 

El CEO de la petrolera, que es propiedad en un 61,5% del fondo soberano de Abu Dabi -Mubadala- y en un 38,5% del fondo de inversión estadounidense The Carlyle Group, también ha pedido más diálogo entre poder empresarial y político. Como saben, a la vicepresidenta ecológica, Teresa Ribera, no le gusta recibir a las empresas energéticas, sino que prefiere reunirse con los ecologistas, y recientemente ha arremetido contra el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, tildándole de negacionista y retardista. Claro que ambas petroleras y BP, entre otras, también han tenido que lidiar con el ataque de Iberdrola señalando que el petróleo y los combustibles fósiles contaminan. Al hilo de esto cabe referir el último informe del Observatorio de Sostenibilidad correspondiente a 2022, donde las eléctricas emitieron un 20% más de carbono que el año anterior y Enagás disparó sus emisiones de CO2 un 111%.