Yolanda Díaz lanzó su proyecto estrella, la 'ley rider', pero más bien está siendo un fracaso... que ha elevado el número de despidos, y por tanto, de parados. ¡Olé!
Yolanda Díaz se está luciendo con la conocida como ‘ley rider’, que obliga a contratar a los repartidores a domicilio como asalariados con el objetivo de acabar con los falsos autónomos. Y es que Deliveroo anunció que se va de España, Glovo ha impugnado las primeras altas de sus trabajadores en la Seguridad Social y Uber Eats irá a la Audiencia Nacional por despedir a 3.000 repartidores tras ser denunciada por los sindicatos CCOO y UGT.
Recuerden que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social lanzó su proyecto estrella insistiendo en que toda Europa y hasta Joe Biden estaban pendientes de su innovación, la cual rechazaban los propios ‘riders’. Y ojo, porque ya se está demostrando con varios ejemplos de las tres plataformas citadas cómo Díaz no ha liberado de la explotación laboral a los repartidores, sino que les ha conducido a la miseria: despidos.
Cuando un autónomo se convierte en asalariado no es el trabajador el que sale ganando, tampoco el empresario, sólo el Estado, por las altísimas cuotas sociales que cobra. Por tanto, el problema de los falsos autónomos sólo se soluciona reduciendo las cuotas
Conviene destacar que cuando un autónomo se convierte en asalariado no es el trabajador el que sale ganando, tampoco el empresario, sólo el Estado, por las altísimas cuotas sociales que cobra. Por tanto, el problema de los falsos autónomos sólo se soluciona reduciendo las cuotas, señora Díaz. Además, estas altísimas cuotas son un escollo en la actual subida del SMI que pretende el Gobierno y que hará con o sin acuerdo: Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, quiere que se deje para los dos años próximos porque hacerlo en estos momentos tendría efecto sobre la creación de empleo; el gran representante de los autónomos en España, Lorenzo Amor, ya ha advertido el impacto que la subida del SMI tendrá sobre las cuotas; y hasta el líder de Vox, Santiago Abascal, aplaude el alza del SMI pero no de las cuotas sociales. Y es que está muy bien que suba el SMI, pero no que al mismo tiempo lo hagan las cuotas.
Uber Eats “tuvo varias denuncias ante la Inspección de Trabajo en Madrid y Barcelona, cuyas resoluciones dictaminaron que existía una relación laboral entre las personas trabajadoras y la plataforma, y que, junto con la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Glovo y la nueva ley 9/2021, encaminó legalmente a Uber Eats a la obligación legal de contratar a todas las personas repartidoras”, recuerdan los sindicatos
Volvamos a las plataformas de ‘riders’. Deliveroo ha anunciado que se va de España, por tanto, sus trabajadores irán a la calle. Glovo ha empezado a impugnar las primeras altas de sus trabajadores en la Seguridad Social tras la entrada en vigor de la ‘ley rider’, una muestra de que no están de acuerdo con dichas altas, según informa Crónica Global. O sea, que no les quiere como asalariados y tener que hacer frente a las altísimas cuotas sociales que se pagan en nuestro país.
Por último, Uber Eats deberá dar explicaciones ante la Audiencia Nacional tras despedir el pasado 12 de agosto a 3.000 repartidores, los cuales esperaban ser contratados. Los sindicatos CCOO y UGT consideran que este “despido colectivo se ha realizado de forma irregular, sin garantizar los derechos respaldados por el Estatuto de los Trabajadores y el convenio sectorial que regula sus relaciones colectivas de trabajo”. Asimismo, han acusado a la empresa de reparto de que para cumplir con la ‘ley rider’ “tan sólo había contratado a un número muy pequeño de repartidores y repartidoras a través de subcontratas”. Además, recuerdan que Uber Eats “tuvo varias denuncias ante la Inspección de Trabajo en Madrid y Barcelona, cuyas resoluciones dictaminaron que existía una relación laboral entre las personas trabajadoras y la plataforma, y que, junto con la sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Glovo y la nueva ley 9/2021, encaminó legalmente a Uber Eats a la obligación legal de contratar a todas las personas repartidoras”.