Manuel Silva, abogado del Estado (no confundir con las hijas de Federico Silva Muñoz, asimismo abogadas del Estado) es un abogado del bufete de Miguel Roca y, como su jefe, fue diputado por CIU pero, ojo, por la vía Unió, que no Convergencia. Es en definitiva, un democristiano catalán, de esos que siguen siendo cristianos y demócratas, tanto de cintura para arriba como de cintura para abajo.

Ha escrito un gran artículo (dictamen) sobre el Estado de Alarma, que ha recogido la página cristiana de Josep Miró (otro dirigente de Unió, que fuera consejero de la Generalitat antes de que el nacionalismo catalán enloqueciera), de nombre E-Cristians. Artículo que viene como de molde tras el vergonzoso asalto y desalojo de la catedral de Granada por la policía nacional en plenos oficios de Viernes Santo, con amenazas al obispo Martínez de detener a los 20 feligreses presentes si el obispo no interrumpía los oficios. (Ver artículo adjunto, "La iglesia del silencio", de Jorge Fernández Díaz).

Pues bien, dice Silva dos cosas. La  primera y más importante: el estado de alarma no es herramienta suficiente para prohibir el derecho a la libre circulación por el territorio nacional. Es decir, con un mero estado de alarma el Gobierno no puede proceder al actual arresto domiciliario de toda la población.

Al mismo tiempo, y aquí discrepo del estudio, Silva asegura que el Gobierno tampoco puede prohibir los actos religiosos, con la correspondiente conculcación del derecho a la libertad de culto y el derecho de reunión.

Y, en efecto, en el decreto del Gobierno Sánchez no se cierran las iglesias ni se prohíben las eucaristías mientras se guarden la distancias debidas.

Digo que no estoy de acuerdo, no porque le otorgue razón al Gobierno sino porque el Gobierno hace trampa. Reparen en que, al desalojar la Catedral de Granada, los mandos de la policía nacional, como mamporreros del Ejecutivo, no amenazaron al obispo Javier Martínez con la detención sino algo peor: apuntaron contra sus feligreses: o desalojas tú el templo e interrumpes la ceremonia o detenemos a todos estos, que son quienes han burlado el confinamiento. Han salido de casa y no era para comprar el pan.

Y esto porque el decreto de Moncloa no prohíbe las eucaristías, lo que prohíbe es salir de casa para asistir a una eucaristía.

En efecto, con el brutal confinamiento del Ejecutivo, propio de un estado de excepción que no de alarma, el Ejecutivo vulnera todo una serie de derechos ulteriores sin nombrarlos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de culto o el derecho de reunión. Ahí está la trampa.

En cualquier caso, no comprendo cómo el PP, Ciudadanos o Vox no han acudido todavía al Constitucional para obligar a Sánchez a responder de abuso de poder. Si pretendía, y así lo ha perpetrado, vulnerar el derecho a la libre circulación, que hubiese promulgado un estado de excepción, no de alarma.

Lo que pasa es que lo segundo le sonaba más democrático que lo primero, a él que es un progresista.

Pues lo siento, pero el arresto domiciliario de 47 millones de españoles sigue siendo una medida brutal y anticonstitucional. Lo primero es más importante que lo segundo.