(Exclusivas de la prensa de papel 11/02/2021) El PP de Rajoy se indigna por el giro de Casado sobre el 1-O: “En campaña pasan cosas exóticas y sorprendentes”, comenta uno de los ministros

Media docena de cargos que integraron la cúpula del PP de Mariano Rajoy y de su Gobierno en 2017 se mostraron ayer indignados ante las palabras de Pablo Casado con las que se desmarcaba de la estrategia seguida por su partido ante el referéndum ilegal del 1-O. Casado afirmó en RAC1: “El 1 de octubre, yo era portavoz del partido, pero ese día no comparecí en rueda de prensa porque ni estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables ni con los que decían que allí no se estaba votando. Porque lo que se estaba viendo en televisión [las cargas policiales] era algo que en mi opinión se tenía que haber evitado”. Los ministros e integrantes de la cúpula del PP de entonces a los que ha consultado EL PAÍS sostienen que no hubo ninguna intervención pública ni interna en la que Casado cuestionase la estrategia del Gobierno. Niegan que durante la jornada del 1-O estuviera prevista una rueda de prensa de Casado. Y añaden: “El nuevo equipo quiere construir un relato de que ellos no están ensuciados con nada, ni con Bárcenas ni con el 1-O, pero no es verdad”. “En campaña pasan cosas exóticas y sorprendentes”, comenta uno de los ministros más relevantes de aquel gabinete sobre las palabras de Casado. (El País)

Con fecha 2 del pasado mes de diciembre la Fiscalía acordó abrir diligencias de investigación contra la actual presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada de Castro, «en su faceta de presidenta de Hunosa». Las actuaciones afectan también a Pablo González Menéndez y Francisco Joaquín Fernández Díaz por un presunto delito de cohecho. La denuncia tiene que ver con la gestión de Hunosa entre 2012-2018 y está en la Fiscalía Superior de Asturias, en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid y en la Fiscalía Europea. En esta última, porque concierne a fondos mineros: presuntamente de 52 millones de euros desparecidos, solo se recuperaron 6 millones. (La Razón)

Según ha podido saber elEconomista, la Comisión Europea mejorará ligeramente el rebote del PIB para este año hasta el 5,6%, con una revisión aún más positiva para el año 2022, hasta el 5,3%. (El Economista)

Las madres de familias numerosas afectadas por el recorte impuesto desde el Ministerio de Seguridad Social en el complemento en las pensiones preparan el terreno para dar la batalla definitiva en el Congreso de los Diputados. El Gobierno dispone de un mes para convalidar el real decreto en la Cámara Baja y las principales asociaciones de familias numerosas, tanto a nivel nacional como provincial, ya han comenzado los contactos con los distintos grupos políticos para intentar que esta se convierta en la primera gran derrota parlamentaria del año para el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes de las asociaciones familiares aseguran que dan por descontado el apoyo tanto de los populares como de Vox, aunque también ampliarán sus contactos a Ciudadanos. (ABC)

La ministra de Trabajo afirma que lleva desde diciembre defendiendo en el seno del Gobierno, sin éxito por ahora, la activación de ayudas directas para las empresas. La gran mayoría de las 17 reformas del mercado laboral remitidas a Bruselas prevé aprobarlas a lo largo de este año, priorizando el diálogo social pero sin vetos. Su Ministerio prepara una reforma de la normativa de contratación, para pasar de los actuales 40 tipos de contratos, a solo tres: indefinido, temporal y formativo. (El Periódico)

Los gerentes y secretarios generales de las 52 asociaciones de hostelería de España analizan esta mañana en una conferencia telemática la vía vasca abierta por sus compañeros de Euskadi para tumbar el cierre de sus locales. El secretario general de la asociación de la hostelería de Guipúzcoa Kino Martínez y su compañero en Vizcaya Héctor Sánchez serán los encargados de detallar las claves jurídicas y sanitarias que les han permitido ganar, por segunda vez, un pulso jurídico al Gobierno vasco, incapaz de demostrar la interrelación entre la actividad en la hostelería y el aumento de los contagios. (El Mundo) (El Economista)

La hostelería pide levantar las restricciones en toda España. El auto que abre los bares del País Vasco lleva a todo el sector a los tribunales. (El Economista)

Gobierno y bancos analizan quitas 'exprés' de deuda para un 8% de empresas ligadas a la hostelería, el turismo y el ocio. El Ejecutivo despeja a las CCAA la posibilidad de dar transferencias directas. (El Mundo)

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, se sumó ayer a las advertencias del Banco de España y la CNMV sobre los riesgos que entrañan las criptodivisas, con el bitcoin a la cabeza. Estas monedas están totalmente desreguladas. No encajan ni en la categoría de instrumento financiero, ni en la de medio de pago. “Carecen de un marco legal que proporcione garantías y niveles de protección similares a los de los productos financieros regulados y supervisados”, señaló ayer en el discurso de apertura del III Encuentro Fintech organizado por EXPANSIÓN y por American Express. (Expansión)

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reclamado diversa documentación al Banco Santander para investigar si el Banco Popular otorgó financiación a clientes de la entidad para la ampliación de capital en 2016 y si «de forma deliberada no la restó del capital regulatorio». Según informa la Audiencia Nacional, el magistrado ha ordenado una investigación pericial para acreditar si «la entidad ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo» mediante la financiación a clientes para conseguir liquidez para la ampliación de capital. (El Mundo)

Las posiciones están enfrentadas. El Consejo de Ministros deberá resolver en los próximos meses si autoriza o no la opa de IFM sobre el 22,69% Naturgy. De un lado, el jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, o el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ponderan la necesidad de blindar a la primera gasista de España. Por el otro, las vicepresidentas de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Industria, Reyes Maroto, se muestran más cautas. Pero aún falta mucho tiempo para que el Ejecutivo desoje la margarita. Ni siquiera se ha producido la preceptiva petición de IFM ante la cartera que dirige Reyes Maroto, quien debe dar el pistoletazo de salida al proceso para su autorización. El último ministro en pronunciarse fue José Luis Ábalos, responsable de Transportes, que lanzó ayer el enésimo aviso a navegantes. El Gobierno “no puede quedar al margen” en operaciones como esta, anunciada por el fondo australiano IFM, porque “es importante que tengamos cierto control sobre aquello que es estratégico”, sentenció en declaraciones a la cadena SER. (Cinco Días) (Expansión)

Criteria lo tiene claro: apostará por Cellnex si eleva el dividendo antes que por Telefónica, según apuntan los analistas. Ante esa situación, el mercado hace sus cábalas respecto a los efectos colaterales que desencadenará de la oferta pública de adquisición (opa) de IFM sobre Naturgy en la cartera de inversiones de Criteria Caixa. De esta forma, los expertos apuntan que Criteria Caixa podría verse obligada a desinvertir un parte de su 24,79% en Naturgy debido a la presión del fondo australiano. Ante esa previsible tesitura, y según ha podido saber elEconomista, el holding empresarial está valorando estos días el diferente rendimiento de sus participaciones industriales, especialmente en el negocio de las telecomunicaciones. (El Economista)

ACS, Ferrovial o Renfe son referencia para el sector ferroviario estadounidense tras haber entrado, las dos primeras, en la línea de alta velocidad de California, y Renfe como operador del AVE de Texas. En el entorno de las compañías se escucha con esperanza el mensaje que llega ahora desde el otro lado del Atlántico. El Gobierno de Biden ya ha detectado apetito inversor en diversos puntos de EE UU y su secretario de Transporte apunta hacia una nueva oportunidad para la alta velocidad. Desde la High Speed Rail Alliance se le ha demandado que restaure la subvención de 929 millones de dólares retirada por Trump a la línea Los Ángeles-San Francisco, así como una colaboración estrecha de la Administración Federal de Ferrocarriles con dicho proyecto. También se reclama desde este lobby que se potencien los servicios de larga distancia del operador Amtrak; la finalización del corredor Chicago-San Luis, y respaldo a la ampliación, en número de vías, de la línea entre Newark y la estación neoyorquina de Penn. (Cinco Días)

Iberdrola ha lanzado una ofensiva para competir por la producción del hidrógeno verde en España. La compañía presidida por Ignacio Galán ha presentado al Ministerio para la Transición Ecológica 53 proyectos que movilizarán una inversión de 2.500 millones de euros para instalar en los próximos años una potencia de más de 1 GW de electrolizadores. (Cinco Días)

Sandra Ortega prepara un giro corpernicano a su holding de participaciones industriales, Rosp Corunna. Y en este cambio total la hija de Amancio Ortega negocia la salida de una de sus principales inversiones en España, su 31% en la hotelera Room Mate, que está controlada por el empresario Kike Sarasola, según indican fuentes financieras. (Cinco Días)

El desplome de las bolsas en 2020 devolvió a muchos pequeños inversores el interés por los mercados, lo que disparó el beneficio de los brókeres cotizados y su capitalización. (El Economista)

Moncloa anunció en noviembre de 2018 una reforma constitucional para limitar los aforamientos ante el Tribunal Supremo de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores en el cargo. Dos años después, y tras conformarse el Gobierno de coalición, la iniciativa no ha llegado al Consejo de Ministros, a pesar de tratarse de un compromiso adquirido por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en su pacto gubernamental. Una reforma que se encuentra adormecida y cuya paralización beneficia al propio vicepresidente segundo, que si no estuviera amparado por su estatuto de diputado y miembro del Gobierno, con toda probabilidad habría tenido que declarar como investigado ante el juez que investiga el «caso Dina» en la Audiencia Nacional. (La Razón)

El PP ha llevado siete textos al órgano de garantías y ultima la impugnación de otros cuatro, mientras que Vox ha remitido siete y prepara dos más. Entre ambos partidos han recurrido, además, once normas autonómicas, la mayoría de Cataluña, impulsadas por la izquierda y sus socios. En este contexto, la tarea legislativa ha quedado ahogada por los constantes decretos-leyes que aprueba el Gobierno, que no requieren ser informados por los órganos consultivos, y que no permiten la participación de la oposición. Todo ello envuelto, demasiado frecuentemente, en dudas sobre la constitucionalidad de los procesos o las decisiones adoptadas no solo por el Gobierno sino por el Congreso. (ABC)

José Luis Rodríguez, el nuevo presidente del Consejo, exige a los ministros que detallen sus cuadrantes pero él no se aplica la orden. (ABC)

Hans Kluge, director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cree que 2021 “va a ser otro año de covid, pero más manejable”. Añade que las variantes del virus no son “el comienzo de una nueva pandemia”. (El País)

Los Mossos se justificaron diciendo que la protección había sido adecuada, a pesar de los incidentes, pero el momento más tenso de la cumbre sucedió con la intervención de un jefe de la unidad de escoltas, dependiente del Ministerio de Interior, que dio pie a un fuerte encontronazo con Vox. «Nos dijo que sólo estábamos buscando la foto», explica Abascal, que recuerda que hasta los escoltas fueron alcanzados. Esa acusación indignó a Vox, por la actitud del equipo de Marlaska, y que es similar a la que, al día siguiente, verbalizó la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que recriminó a Vox haber montado una campaña de «provocaciones». Pese al cruce de reproches, de la cumbre salió una nueva manera de proceder y, desde entonces, los incidentes han cesado a pesar de haberse celebrado actos en puntos calientes como Figueras y Olot (Gerona). Ahora, además de reforzar el número de agentes desplegados, lo más relevante es que se ha comenzado a alejar lo suficiente a los manifestantes y evitar, así, lanzamientos y proteger a políticos y simpatizantes. En Vox celebran el cambio policial que venían exigiendo para alejar a los manifestantes y ampliar su espacio de seguridad, pero señalan que esto «lo que demuestra es que todo lo que pasó fue porque los mandos de los Mossos querían», y que arrimar tanto a los manifestantes durante la primera semana fue para permitirles «acosar todo el tiempo». (El Mundo)

Alejandro Fernández: "Mi aspiración no es competir por quedar delante de Vox, sino conseguir una alternativa al separatismo y al tripartito". El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat advierte de que Salvador Illa hará de Iceta para blindar el pacto con ERC. (El Mundo)

El PP pedirá a la Fiscalía que investigue si Illa se vacunó. Los populares denuncian que puso en riesgo la salud del resto de candidatos. (La Razón)

El "economista marxista" y ex militante de la CUP Pau Llonch exporta a Baleares su proyecto educativo para "fomentar la consciencia crítica en la juventud", y enseñar a los docentes "flow". (El Mundo)