Si el pasado lunes, el pleno del Senado, con mayoría del PP, aprobaba devolver la reforma legal que beneficia presos etarras al Congreso para que la volviese a tramitar, retrasando un poco su aprobación (tras el imperdonable error del PP, Vox y UPN de no haberse opuesto a ella en su primera revisión en la Cámara Baja), ayer martes la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar decidió darla por aprobada y enviarla al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor. Pero el problema de fondo ya se sabe cuál es: Pedro Sánchez necesita contentar a EH Bildu -la coalición en la que se integran los herederos de Batasuna, el brazo político de ETA, y que nunca ha condenado los asesinatos de la banda terrorista- para poder contar con sus votos en los próximos Presupuestos y en pago por haberle hecho presidente del Gobierno.

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