Vuelve a escena Felipe Benjumea, ex presidente de Abengoa, por lo que a su entender precipitó la histórica crisis de la ingeniería andaluza: que el Santander no le acompañara en una ampliación de capital de 650 millones de la que dependía la supervivencia del grupo. Con esa razón -la de daños y perjuicios- ha presentado una demanda civil contra el banco que preside Ana Botín y otra contra el británico HSBC. Y a esas demandas se suman las de las sociedades Finarpisa y Ardachón, con una reclamación de 105 millones.

La reclamación, en cualquier caso, se puede considerar como la última trastada de Benjumea y de la sociedad familiar, Inversión Corporativa (IC), que sigue al último intento de boicot con la convocatoria de una junta extraordinaria para el split de las acciones (un capricho que costó a Abengoa 80.000 euros). Se remonta, ni más ni menos, que a noviembre de 2015, es decir, a un año antes de la peor crisis de la ingeniería, al borde de la quiebra hasta noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de reestructuración. Superó así el preconcurso sin entrar en el concurso de acreedores.

El equipo de abogados de la familia Benjumea desempolva la sentencia que absolvió de administración desleal

Sorprendentemente, el equipo de abogados ha tenido que desempolvar otra sentencia, la de la Audiencia Nacional de enero de 2018 que absolvió a Benjumea de un delito de administración desleal, a pesar de que llevó a la ruina a Abengoa, acostumbrado como estaba a las subvenciones públicas, con el descontrol de la deuda. El caso judicial parte de enero de 2017, cuando comenzó el proceso contra Benjumea por su finiquito de 11,5 millones, y también contra el ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, por la indemnización de 4,5 millones.

De acuerdo con ese fallo judicial, hay una fecha clave para esta historia, el 14 de septiembre de 2015, el mismo día que el Santander, la entidad con más riesgo entre los acreedores bancarios, dice a Benjumea que el primer paso para los arreglos de Abengoa pasa por su cese como presidente ejecutivo del grupo. De ese gesto, en fin, dependía en el banco asegurara la ampliación de 650 millones.

Esa es la fecha de referencia, ahora, para la demanda de Benjumea o IC, porque es cuando, a su juicio, empezó a desmoronarse la compañía, debido a la “manera novedosa y sorpresiva” con la que el Santander impuso el cese.

La reclamación olvida la crisis de infarto en una empresa descontrolada por la deuda y acostumbrada a las subvenciones

En concreto, la reclamación se apoya en los tres supuestos para acreditar daños y perjuicios, según el artículo 1.902 del Código Civil: conducta que genera daño, cuantificado y con una cauda efecto entre la conducta y el daña.

De ahí, también, el cálculo de reclamación -900 millones al Santander y 105 al HSBC-, para el que han recurrido a peritos las firmas Brattle y Accuracy.

Los bancos, mientras tanto, rechazan las demandas, al entender que el cese de Benjumea entraba dentro del proceso de negociación para reflotar la compañía. La demanda de IC ha sido presentada en el Juzgado de Primera Instancia 43 de Madrid y contestada por los dos demandados, Santander y HSBC; la de Finarpisa y Ardachón, en juzgado número 86 de la capital.