Este martes, el Consejo de Ministros afrontará, entre otras cuestiones, los alquileres, tema que tanta disputa había creado en la coalición e incluso había amenaza de huelga por parte de los Sindicatos de Inquilinos de Madrid y de Cataluña -afines a la órbita podemita- a partir del 1 de abril. Al final, Unidas Podemos ha ganado una batalla, pero no la guerra, pues el Gobierno dará microcréditos y ayudas al pago, aunque no la suspensión de pagos, como pedía el partido de Pablo Iglesias.

Estas medidas que parten del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana supondrán un importe de unos 700 millones de euros, según se ha avanzado. En concreto, los inquilinos que no puedan afrontar el pago de sus alquileres podrán optar a unos microcréditos a interés cero a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se podrán devolver en un plazo de hasta diez años (habrá uno inicial de seis años y otro adicional de otros cuatro años). Por su parte, el caso de las ayudas directas del Estado serán de hasta 900 euros mensuales (a los que se pueden añadir otros 200 euros como máximo para gastos de comunidad, mantenimiento o suministros básicos).

Los grandes tenedores (los que tengan más de ocho viviendas) deberán poner de su parte: moratoria de pagos, quitas o reestructuración de deuda

Estos incentivos los podrán recibir los parados, los afectados por ERTE, los que tienen reducciones de jornada y los autónomos, cuyos ingresos sean inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Al mismo tiempo, el Gobierno prorrogará automáticamente todos los contratos de alquiler que venzan en el estado de alarma durante seis meses, que empezarán a contar cuando acabe el estado de alarma. También se han prohibido los desahucios por impago durante seis meses.

Y ojo, a los propietarios, porque si tienen más de ocho viviendas no serán considerados como pequeños, sino como grandes tenedores; es decir, que tendrán la misma consideración que los fondos buitre. Estos grandes tenedores también también deberán poner de su parte: podrán ofrecer una moratoria en los pagos a sus arrendatarios de cuatro meses, una quita del 50% de la deuda o bien, una reestructuración de dicha deuda a devolver en dos o tres años. Todo ello sin que esto impida que los inquilinos de pisos de grandes compañías o fondos de inversión puedan recibir los microcréditos del ICO.