En esto de las medidas impuestas por el Estado, ya sea en su versión estatal, regional o local, para velar por nuestra salud y seguridad, hace falta, como en todo, un equilibrio. Porque te puedes pasar de la raya (en nombre de las citadas salud y seguridad) y convertirnos a los ciudadanos en seres reprimidos por el Estado en sus derechos y libertades.

Por ejemplo, el BOE de ayer martes 23 de febrero recoge la ‘Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón’, que en su Artículo 6 sobre la ‘Obligación personal de confinamiento’, apartado 1.a) establece la “Obligación de aislamiento, en cuya virtud cualquier contagiado por SARS-CoV-2 permanecerá en el lugar que se le indique, durante el plazo establecido en cada caso, sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse con otras personas”.

O sea, que las autoridades aragonesas pueden dejar a una persona infectada de Covid-19 en el lugar que ellos decidan, totalmente aislada y durante el tiempo que estimen oportuno.  

Otro ejemplo de conflicto entre las libertades personales y el interés general se ha dado en Galicia, cuyo Parlamento regional aprobó ayer martes, con los votos en solitario del Partido Popular (PPdeG) una reforma de la Ley de Salud gallega que establece multas de entre 1.000 y 600.000 euros para distintas infracciones sobre la salud pública, entre ellas la negativa "injustificada" a la vacunación.

La Ley de Salud gallega establece multas de entre 1.000 y 600.000 euros para distintas infracciones sobre la salud pública, entre ellas la negativa "injustificada" a la vacunación

La reforma de la Ley 8/2008 de Salud, con los votos en contra de BNG y PSdeG, ha incluido infracciones muy graves, con sanciones de más de 60.000 euros, por la "negativa injustificada" a la vacunación "prescrita por las autoridades sanitarias", y "cuando se produzca un riesgo o daño muy grave para la salud de la población".

Para los populares, que la han sacado adelante con su mayoría absoluta en la cámara, se trata de un instrumento para regular pandemias y para dar seguridad jurídica a las decisiones que se tomen desde las administraciones y, así, no se anulen posteriormente en los tribunales.

Outono.net analiza esta ley y dice que usurpa "competencias de los jueces, del Congreso y del Gobierno. Ya bastaría una sola de esas usurpaciones para reclamar la dimisión del máximo responsable político de esta colosal barbaridad jurídica. En vez de un motivo hay tres. Señor Feijóo: el pretexto de combatir una pandemia no le da derecho a saltarse la Constitución y las leyes".

Esto se parece a los campos de internamiento. También a las leproserías.